Avances en legislación, posibles programas de ayuda y una visión crítica, fueron parte del debate registrado en la comisión investigadora sobre abuso de menores bajo la protección del Estado.
Desde el Ejecutivo el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, explicó el trabajo de la cartera. En específico se refirió al marco de acción en materia de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y otros alcances.
Al respecto mencionó la agenda legislativa vinculada a la protección de la esfera de la sexualidad de los menores. Resaltó el proyecto de ley que modifica la forma en que el Código Penal aborda la explotación sexual (Ver nota relacionada).
“Lo que se cambia con este proyecto, es que cada vez que hay este tipo de conductas hay una víctima que está siendo explotada. Hay adultos que se están viendo favorecidos por esta situación. Aquí no es simplemente una persona que decide libremente ofrecer servicios sexuales, sino que está siendo víctima de este tipo de red”.
“Mi abogado”
La coordinadora nacional del programa “Mi abogado”, Verónica Pincheira, explicó los alcances de esta unidad especializada que representa a los menores.
“Mediante el trabajo de un triplete psico-socio-jurídico, se abordan todas las causas y procesos de toda materia e instancia en que se vean envueltos los menores representados. Buscamos respeto irrestricto a los principios de Derechos Humanos de la infancia y adolescencia”.
Explicó que hay una población objetiva que tiene que ver con todos los niños, niñas y adolescentes que tienen una medida de protección por vulneración de derechos, sea esta ambulatoria o de cuidado alternativo.
Agregó que actualmente hay 552 profesionales en todo el país. Mayoritariamente abogados, trabajadores sociales, psicólogos y personal administrativo.
Defensoría de la Niñez
En tanto, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, dijo que no existe una política específica de prevención. “Estos hechos se siguen produciendo, por lo tanto no hay una evaluación lo suficientemente potente y contundente para que este tipo de ilícitos dejen de ocurrir”, acotó.
“El Ministerio Público tiene deudas pendientes muy muy potentes en este sentido. No sólo de asegurar una persecución penal oportuna y eficiente, sino que también de dar protección efectiva a las víctimas”, lamentó. Detalló que han observado “con horror” graves falencias en la indagación de este tipo de ilícitos. Lo que tiene como consecuencia severas afectaciones que agudizan el trauma que ya la propia comisión del delito tiene.
“Hay mucho prejuicio social también en el sentido de que no se consideran víctimas. Los jueces muchas veces no creen que esto sea algo que va más allá de la voluntariedad y por lo tanto las sanciones son exiguas”, precisó.
