La Comisión de Gobierno Interior aprobó, en general y en particular, por unanimidad (9 votos a favor), la moción que modifica la Ley 18.603, orgánica constitucional de los partidos políticos, para exigirles a estos renunciar, expresamente, al uso, propugnación o incitación a la violencia como método de acción política (boletín 14723).
Al contar con discusión inmediata (seis días para el trámite), se espera que la iniciativa sea revisada por la Sala de la Cámara la próxima semana.
Cabe recordar que este proyecto, presentado por el diputado Jorge Alessandri (UDI), toma la idea de otra moción transversal liderada por el exdiputado Issa Kort (UDI). Ella fue rechazada en general por la Sala, en noviembre de 2020 (boletín 13066).
Detalle de la moción
La propuesta exige a los partidos políticos renunciar a la violencia como método de acción política. Además insta a cumplir con el respeto de los principios básicos del régimen democrático y constitucional.
El texto detalla qué se entenderá por ejercer violencia: “El que públicamente o a través de cualquier medio apto para su difusión pública, incitare directamente a la violencia en cualquiera de sus formas en contra de una persona, un grupo de personas o de un miembro de tal grupo”.
Lo anterior, basado en aspectos tales como etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología, opinión o afiliación política o deportiva. Igualmente, por religión o creencia, visión filosófica, sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, trabajo que realiza, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad.
Asimismo, propone una enmienda en lo referente a sus declaraciones de principios. Allí los partidos políticos deberán consignar su condena al uso, propugnación o incitación a la violencia, en cualquiera de sus formas, como método de acción política.
En la sesión participó el subsecretario de Gobierno, Máximo Pavez, quien valoró la iniciativa. Particularmente, destacó el compromiso democrático y la garantía y promoción de DD:HH, junto con la condena al uso de toda forma de violencia.
Proyecto sobre encuestas electorales
Igualmente, la instancia aprobó, en general, la moción que modifica la Ley 18.700, sobre votaciones populares y escrutinios, en materia de difusión de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales y requisitos de transparencia y sanciones en caso de incumplimiento (boletín 13894).
El objetivo de la iniciativa es establecer requerimientos de certificación y requisitos de transparencia a las empresas encuestadoras. Asimismo, busca modificar la prohibición de publicar encuestas reduciéndola de 15 a 4 días antes de la elección o plebiscito.
El texto plantea tres pilares estratégicos:
1) Transparencia sobre el proceso de levantamiento y calidad de las muestras estadísticas que sirven de base.
Se propone agregar que, en forma permanente y en cada oportunidad en que se publique una encuesta, se publique en la página web oficial de la encuestadora un documento técnico.
2) Transparencia sobre los intereses de las empresas o corporaciones que dirigen estos levantamientos. Pone especial atención a los mecanismos de financiamiento de estas entidades encuestadoras.
Agrega, que las encuestadoras deberán publicar en su página web oficial una memoria anual. Allí se transparentarán las fuentes de ingresos y las relaciones que tengan con empresas o actores públicos y privados.
3) Propone sanciones de carácter penal, que sirvan como un desincentivo a la manipulación de estos instrumentos.
La instancia fijó como plazo una semana para presentar indicaciones al proyecto, antes de comenzar su votación en particular.
Consejo para la Transparencia
El director general del Consejo para la Transparencia, David Ibaceta, señaló que están de acuerdo con la iniciativa. Ya que busca evitar la publicación de encuestas engañosas a través de la creación de nuevos requisitos.
El organismo presentó varias propuestas, como que se incluya en el documento técnico que acompaña la encuesta, otras variables. Una opción sería considerar el diseño de muestra, la fecha de levantamiento, el margen de error y los encargados o responsables de la investigación.
De igual modo, planteó que la publicación de la encuesta tenga lenguaje claro y quede permanentemente publicada para ser analizada y comparada con otros estudios. Además, extender la obligación de publicarla a medios de comunicación, pero que incluya la especificación técnica.
Finalmente, pidió revisar las sanciones penales, multas y medidas accesorias,. Junto a ello, fijar un marco y procedimientos para la fiscalización en materia de transparencia de las empresas encuestadoras.
