Continúan las sesiones para analizar la acusación constitucional presentada en contra del Presidente de la República por las operaciones que lo vincularían a la venta de la Minera Dominga.

Comenzó las intervenciones la abogada Liliana Galdámez. La experta aseguró que la medida no se basa en un solo hecho y que estos se sustentan en los principios de probidad y en el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

La abogada habló de “cierta opacidad y poca claridad” en las operaciones concretadas para la venta del proyecto minero portuario Dominga. Rechazó el argumento de la “cosa juzgada” para hacerse cargo de las denuncias contra la probidad y la ética pública.

Sostuvo que hay una cadena de hechos que deben ser analizados en su conjunto por la comisión. Ello, para saber si hubo indicios de faltas a la probidad y si estas estuvieron por sobre el interés general de la nación.

Conjeturas y posible conflicto de interés

Continuó con las intervenciones Hernán Corral. El abogado afirmó que el motivo de la venta internacional del proyecto Dominga era evitar el conflicto de intereses para la figura del Presidente de la República.

El experto citó el argumento que plantea que “es difícil de creer que Sebastián Piñera no sabía de las operaciones de compra y venta de Dominga”. Sobre el punto, recalcó que esto correspondería a una conjetura y no tendría sustento jurídico.

Corral dijo que cualquier operación en las Islas Vírgenes es atribuible a los administradores de los bienes del Presidente y no al mismo Sebastián Piñera. Remarcó que estas operaciones sí pagaron los tributos en Chile, según la legislación vigente, como lo habría asegurado el director del Servicio de Impuestos Internos.

En cuanto a la no ratificación del Acuerdo de Escazú, el abogado aseveró que este no tendría relación directa con la aprobación o rechazo del proyecto Dominga. Agregó que el Presidente no ha desconocido las gestiones internacionales en el resguardo del Medio ambiente. Al respecto, hizo alusión, por ejemplo, a la presidencia de Chile en la Cop25.

Finalizó diciendo que la acusación no tiene base jurídica y que responde, más bien, a una crítica política hacia el Presidente Sebastián Piñera.

Otros invitados

En tanto el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil calificó de “impreciso” el texto que sustenta la acusación constitucional. Dijo llamarle la atención que el libelo se base en omisiones más que en actos de su administración.

Correa Sutil aseguró que, al pagarse en 2011 la tercera cuota por la venta de Dominga, no habría conflicto de interés que se vincule a la actual administración.

Por su parte, el abogado Francisco Zúñiga aseguró que los ilícitos constitucionales no tienen plazo de prescripción. En tal plano, estimó que no correría ese argumento para este caso en particular.