La comisión que analiza la acusación constitucional presentada contra el Presidente de la República Sebastián Piñera continuó con su ronda de audiencias. Comenzó las presentaciones el abogado Hugo Llanos, profesor en derecho internacional.

El experto hizo referencia a la autonomía de cada Estado para otorgarse el sistema jurídico más conveniente y su relación con los tratados internacionales.  En esa línea, mencionó el Acuerdo de Escazú, y señaló que no hay norma internacional que obligue a un estado a firmar o ratificar un tratado. Esto último, en caso que el acuerdo atente contra a los propios intereses nacionales.

Al respecto y desde el punto de vista del derecho internacional, el abogado aseguró que la no ratificación de Escazú no significaría ningún tipo de infracción. Tampoco la ocurrencia de actos de corrupción.

Negocios en el extranjero

El segundo en tomar la palabra fue el abogado Juan Pablo Hermosilla, profesor en derecho penal. Aseguró que, la presentación de esta acusación está directamente relacionada con la crisis institucional por la que atraviesa el país.

Agregó que, en estos momentos existe una incapacidad de nuestro modelo de estado para ejercer mecanismos de control de quienes ejercen el poder.

El abogado se refirió a la investigación llevaba a cabo en el año 2017 en contra del Presidente Piñera. Afirmó que, en esa oportunidad no se mencionó el contrato en Islas Vírgenes por la compra de la Minera Dominga. Habría por ello “opacidad” en la operación, con el propósito de “evadir impuestos”.

A propósito del honor del país, Hermosilla aseguró que al ser las Islas Vírgenes un territorio británico se debe llenar un formulario sobre el motivo y participantes de las operaciones económicas. En uno de esos apartados se pregunta por posibles vínculos políticos de los protagonistas de las transacciones. Esta respuesta, según el abogado, se omitió sin declararse por los firmantes.

Según Juan Pablo Hermosilla, cuando se argumenta la inocencia del Presidente en el año 2017 por el caso Exalmar, ello no sería válido.  Lo anterior porque no habría relación con los hechos denunciados en el año 2021, debido a que los antecedentes dados a conocer son nuevos y podrían ser constitutivos de delitos.

Agregó que, existe la posibilidad que estos “delitos” fuesen cometidos, al menos en Estados Unidos y Reino Unido. Indicó que al estar involucrada la familia del Presidente de la República, deben informar tanto a autoridades nacionales como internacionales.

Finalizó diciendo que, de no prosperar esta acusación constitucional, seguiría existiendo una sensación de impunidad. Sostuvo que esta es una “tremenda oportunidad” para ejercer los mecanismos de control sobre quienes detentan el poder político y económico del país.

Posible Evasión Tributaria

Terminó la ronda de audiencias el abogado Diego Riquelme. Habló de una planificación tributaria para que los impuestos por la venta de Dominga no fuesen pagados en Chile. Esto porque tanto la parte vendedora como compradora no se encontraban en el país.

Recalcó que, con la norma actual, esto no hubiese ocurrido, debido a las modificaciones a la legislación contra la evasión.

El experto calificó la operación como “elusiva”, porque las sociedades utilizadas fueron meramente instrumentales.  A ello se agrega que la transacción se realiza en un paraíso fiscal, y que si la venta se hubiese realizado en Chile, se habría pagado impuestos.

Riquelme, recalcó que en el año 2010 el Servicio de Impuestos Internos no tenía las atribuciones necesarias para fiscalizar la operación.