La Comisión de Seguridad Ciudadana analizó, esta semana, los cambios efectuados por el Senado al proyecto que modifica la Ley sobre control de armas para fortalecer su institucionalidad (boletines 5224, 5401, 5456, 9035, 9073, 9079, 9577 y 9993).
En dicho contexto, la mayoría del grupo parlamentario optó por recomendar a la Sala su rechazo. Entre sus argumentos está la idea de que algunos artículos se voten de forma separada y pasen a una comisión mixta.
En dicha postura estuvo la presidenta de la instancia, diputada Maite Orsini (RD). Consideró que existe un paradigma de regulación de armas equivocada. A su juicio, se debiera prohibir las armas a civiles, pero con ciertas excepciones, como se propone en otros proyectos.
Los diputados Osvaldo Urrutia (UDI), Luis Pardo (RN) y Marcelo Díaz (IND) también esperan resolver las diferencias con el Senado en una comisión mixta.
Aspectos del proyecto
Cabe recordar que la iniciativa (de origen en mociones de diputados/as) inició su tramitación en 2007. Entre sus aspectos, amplía el catálogo de armas sujetas a control y prohibidas. También, define el tipo de armamento y municiones y limita la cantidad que pueden tener las personas y deportistas. Además, eleva los requisitos para su inscripción.
Por otra parte, introduce nuevos tipos penales por infracción a la Ley de control de armas y regula un sistema de identificación balística automatizada.
Adicionalmente, fortalece la fiscalización y ordena diseñar un plan anual para tal objetivo, junto con crear registros de armas de fuego de las instituciones del Estado.
Coalición de Armas Legales
El presidente de la Asociación Nacional de Tenencia Responsable de Armas, Cristián Gamboa, manifestó en la Comisión su rechazo al proyecto. Además, realizó una serie de críticas a los aspectos que se modifican.
Agregó que habla en nombre de la “Coalición de Armas Legales” que reúne a 15 mil usuarios. Incluye a diez federaciones deportivas, más asociaciones gremiales de armerías y de importadores, así como la agrupación de armeros y artificieros.
Consideró que la ley actual es “una de las más estrictas de América Latina”. En tal plano, estimó que el registro no está mal, ni necesita rediseño. “Lo que se necesita es voluntad para que sea una herramienta más efectiva”, acotó.
Informó que, actualmente, existen 800 mil armas inscritas en el Registro de la Dirección General de Movilización Nacional. Por tal medio, se conocen todos los datos de los dueños, sus armas y su importación.
Planteó que el problema es que las personas encargadas y las instituciones no fiscalizan, ni tampoco cuando la persona fallece, se pide regularizar el arma o que sus familiares la devuelva.
Dijo que uno de los puntos críticos del proyecto está en la restricción que se hace a coleccionistas de armas, que podrán tener 10 activas y un tope máximo de 50. También llamó la atención respecto de la norma que prohíbe armas “expansivas o de punta hueca” y sobre el tema de la huella balística, que consideró sobrevalorada.
Finalmente, pidió poner el acento en el mercado negro y las armas que ingresan ilegalmente por las fronteras o que salen de los cuarteles, como determinan informes de la Contraloría.
