Por la unanimidad de 127 votos, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la resolución 801, que pide al Presidente de la República que adopte las medidas pertinentes para activar los subsidios eléctricos y aumentar su cobertura hasta el 70% de los hogares con mayor vulnerabilidad y menores ingresos.
Asimismo se solicita que se instruya al Ministerio de Energía con el objeto de proporcionar ampolletas de bajo consumo, paneles solares e información sobre el ahorro de energía a todos los hogares de nuestro país, Esto, dada la contingencia de alza desmedida de las cuentas de luz.
En sus fundamentos, el texto precisa que una cuenta de luz cuesta en promedio 25.000 mil pesos. Ello representa un gran gasto y un alto porcentaje del sueldo que se destina una familia, solo en un servicio básico.
Por eso, se señala que aumentar su tarifa de manera tan significativa, por segunda vez en el año, afecta de manera negativa las paupérrimas finanzas de la mayoría de los chilenos y chilenas.
El texto aprobado es de autoría de las y los diputados PR Marcela Hernando y José Pérez; PPD Carolina Marzán, Andrea Parra y Rodrigo González; PS Jenny Álvarez, Jaime Tohá y Marcos Ilabaca; e independientes Fernando Meza y Pedro Velásquez.
Subsidios de arriendo
La Cámara aprobó además una segunda resolución (795). Por intermedio de ella se solicita que los funcionarios públicos que accedan al beneficio de viviendas fiscales, sean considerados por criterios de vulnerabilidad, con el objeto de corregir vicios del sistema
La propuesta pide al mandatario el envío de un proyecto de ley que permita que los funcionarios públicos que accedan al mencionado beneficio, paguen acorde a su renta líquida con un tope de años de uso.
El texto recuerda que el beneficio se creó para aquellos funcionarios públicos que deban ocupar con su familia, una vivienda que exista en el lugar en que este desarrolle sus funciones. Esto, cuando la naturaleza de sus labores sea la mantención o vigilancia permanente del recinto o esté obligado a vivir en él.
Este beneficio es vital para el funcionamiento de la administración del Estado. Además, es un derecho de los empleados públicos a poder otorgar sus capacidades en lugares donde no poseen un arraigo. Por otra parte, funciona como un incentivo para el traslado familiar.
Sin embargo, se recalca que han existido problemas en cuanto a la aplicación de la ley y los beneficios. Existen denuncias en la prensa por funcionarios públicos con altos sueldos que obtuvieron los beneficios sociales y que pagan arriendos que no superan los 100 mil pesos. Asimismo, estos funcionarios han utilizado estas casas por más del tiempo razonable, quedándose, incluso, por más de 30 años en las viviendas.
La resolución es de autoría de las y los diputados PR Marcela Hernando, Cosme Mellado y Alexis Sepúlveda; PPD Carolina Marzán, Andrea Parra y Ricardo Celis; DC Mario Venegas, Matías Walker y Gabriel Ascencio; e independiente Carlos Abel Jarpa.
