Economistas y abogados expusieron en la Comisión de Trabajo sobre el proyecto que amplía y fortalece el pilar solidario, reduciendo o eliminando exenciones tributarias para asegurar su financiamiento (boletín 14588).
Abrió la jornada de audiencias la economista Paula Benavides. A su juicio, es necesario revisar el monto de la pensión básica solidaria, de manera que la protección sea algo que alcance hasta un nuevo reajuste. Y, por esa vía, no quede bajo la línea de la pobreza.
Un segundo elemento a considerar es la ampliación de la cobertura de un 60% a un 80% del sector más vulnerable de la población. Frente a esto, planteó la posibilidad de que estos nuevos beneficiarios vean agotados sus fondos muy rápidamente. En ese momento, agregó, entraría a operar el aporte fiscal.
Estimó que ello debe ser corregido, ya que, de alguna manera, se mezcla el financiamiento del pilar contributivo con el financiamiento del pilar solidario.
Adicionalmente, llamó a reflexionar sobre la situación de los pensionados que han realizado retiros y la situación desigual en la que han quedado.
Abogado Hugo Cifuentes
El abogado y profesor de Derecho de Seguridad Social, Hugo Cifuentes, dijo que si el objetivo es la línea de la pobreza, el proyecto no resuelve la situación.
Dijo que la tendencia a la universalidad de la cobertura es valorable. Pero consideró que se debe plantear o hablar más bien de un test de afluencia para quienes están cerca del 80%. Para el resto de la población, planteó que accedan automáticamente a la prestación.
En relación a la propuesta del seguro de lagunas, sostuvo que no cumple con las características como tal, ya que se toman recursos del seguro de cesantía para incrementar la cotización de la cuenta individual de pensiones.
Precisó que la población que estaría protegida por este llamado seguro de lagunas serían los afiliados al seguro de cesantía. El problema, evaluó, es que es una protección a la que no está incorporada toda la población que cotiza.
Exenciones
Nicolás Bohme, economista y director del observatorio Opes, afirmó que se mantienen los privilegios en las ganancias de capital. Además, criticó que se utiliza un instrumento regresivo como el IVA.
Planteó que existen alternativas para recaudar de manera progresiva, como terminar con el régimen de renta presunta. También dijo que se podría limitar la exención de ganancias de capital sobre bienes inmuebles y eliminar la tasa sustitutiva del 10%, entre otros puntos.
Para el abogado Diego Riquelme, se pierde la oportunidad de introducir modificaciones respecto de exenciones cuya eliminación se tiene amplio consenso.
Coincidió con Bohme al subrayar que existen mejores herramientas de recaudación, como la eliminación del régimen de renta presunta.
Sugirió que la rentas de capitales con cotización bursátil pasen a régimen general y que los arriendos pasen a ser considerados un ingreso renta, entre otros planteamientos.
