Una serie de mociones estudia la Comisión de Pesca, entre ellas, una iniciativa que prohíbe la pesca de arrastre de la merluza común (boletín 14270). Respecto de esta propuesta continúan las audiencias y quedan cerca de 15 organizaciones por escuchar.
En la última sesión, participó al presidente del Comité de Manejo de la Pesquería de la Merluza Común, dependiente de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Francisco Caro.
El funcionario explicó que la elaboración del plan de manejo comenzó a diseñarse en 2014. Dijo que ya en 2016 se dictó la resolución para su aplicación por parte de la Subsecretaría. Su propósito es “mantener la pesquería de la merluza común biológica, ecológica, social y económicamente sustentable”.
Entre los principales problemas biológicos se detectó bajo nivel de abundancia, que no permiten sustentar la pesquería en el tiempo. A su vez, interferencia entre flotas y áreas de operación, así como pesca ilegal.
Caro sostuvo que “hoy existe una sobreexplotación del recurso y no un nivel de agotamiento como era en un principio”. Para ello, se busca “mantener el stock de la merluza común a niveles biológicos de 40% de biomasa del suelo original en siete años, es decir, hasta 2024”.
Otros puntos son: mantener el proceso reproductivo, evitar la sobrepesca por crecimiento y regular las características y dimensiones del arte de pesca de arrastre. A futuro, agregó, el plan es elaborar un programa de recuperación.
Asipes
A continuación, expuso Macarena Cepeda, presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), de la región de Biobío. La actividad que desarrollan es la producción de alimentos de consumo humano con productos congelados del mar.
Informó que la industria pesquera opera desde la región de Valparaíso a Los Lagos, con 23 plantas y 31 barcos industriales. Solo en la región otorgan empleo a 6.500 personas y existen 372 pymes relacionadas al rubro.
La directiva señaló que son una actividad económica insustituible en Talcahuano, Tomé y Hualpén, dando trabajo en su mayoría a mujeres y destinando el 100% de la merluza al consumo humano.
Cepeda reconoció que los años ochenta quedaron atrás y que se cometieron errores. Planteó que la pesca de arrastre no es lo que era, porque ahora existe una pesca responsable, enfocada en la sustentabilidad de los recursos.
Respecto a la evolución del consumo de merluza, explicó que en 2015 se exportaba el 70% y el 30% era para consumo nacional. Ahora, en 2021, se invirtió, con un 88% destinado a Chile y solo el 12% a otros países.
La representante de la industria llamó a revisar los efectos que tuvo la Ley de la Jibia, que trajo más de 1.700 pérdidas de de empleo, disminución de exportaciones y el cierre de plantas.
Finalmente, indicó que el 96% de las merluzas en el mundo se pescan con arrastre y solamente el 4% con enmalle y espinel. Consideró que el estado de sobrexplotación no se debe al arte de pesca, sino a la existencia de la pesca ilegal.
Inquietudes parlamentarias
El diputado Jorge Brito (RD) lamentó que el plan de manejo de la merluza común aún no contemple un programa de recuperación, pese a que ya han pasado nueve años.
También pidió a la industria hacer una autocrítica y ver las investigaciones científicas que señalan que el arrastre daña todo el fondo marino y no solo a un recurso.
En tanto, el diputado Jaime Tohá (PS) criticó que el plan de manejo no hable de valor agregado y se limite al tema de las cuotas. Por otra parte, consultó si la recomendación de mejorar el arte de la pesca por parte de los industriales se ha implementado o no.
Responsabilidad en accidentes marítimos
Respecto a la moción que modifica el decreto de la ley de navegación para establecer responsabilidades ante la ocurrencia de accidentes marítimos (boletín 13756) expusieron el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Alfonso Vargas, y el capitán de Corbeta, Rodrigo Poblete.
Ambos invitados consideraron que el tema ya está regulado en la legislación actual y no propone un avance en corregir las normas ya existentes.
Rodrigo Poblete indicó que se pueden mejorar ciertos aspectos técnicos, como las aguas sometidas a jurisdicción nacional. También no restringir o prohibir el uso de la conducción con piloto automático, porque ayuda a la navegación. Por último, evaluar el tema del daño ambiental.
El diputado Leonidas Romero (RN) dijo desconocer la existencia de la ley actual en estos casos. Ello, porque no se protege a las víctimas cuando el capitán es responsable de un accidente al poner piloto automático.
En tal sentido, el representante de la Armada señaló que se procede a realizar un sumario administrativo por parte del fiscal marítimo. Y, en materia penal, opera el juez de garantía en caso de fallecidos y lesionados.
La Comisión decidió solicitar al autor de la moción, diputado Fidel Espinoza (PS), proponer una mejora en la redacción de la iniciativa y la presentación de indicaciones.
