Modernizar, simplificar y prorrogar la vigencia de la Ley 18.450, sobre fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje, junto con incorporar en dicho marco legal objetivos de sustentabilidad, focalización y mejoras en el acceso a los fondos concursables, es la finalidad del proyecto (boletín 14068) aprobado hoy por la Cámara de Diputadas y Diputados y enviado a segundo trámite.
La ley vigente permite que el Estado realice diversas acciones de bonificación por intermedio de la Comisión Nacional de Riego (CNR). Dichos aportes están dirigidos a apoyar el costo de estudios, construcción y rehabilitación de obras de riego o drenaje. También aporta a proyectos de uso multipropósito y, en general, a toda obra que califique según la Ley 18.450.
En este marco, la propuesta legal amplía las acciones que podrán ser bonificadas con recursos estatales. Particularmente, se apunta a inversiones en equipos y elementos de riego mecánico o de generación. Asimismo, a proyectos insertos en zonas de secano interior, costero y precordillera.
Luego, especifica que esta ley tendrá entre sus objetivos la bonificación de iniciativas que contribuyan a aumentar la seguridad hídrica. De igual modo, procurará mejorar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos e impulsar el equilibrio del desarrollo territorial de riego.
Además, indica que los proyectos que concursen por las bonificaciones de esta ley se evaluarán ponderando las variables de aporte, superficie beneficiada, costo del proyecto, ahorro de agua transferido y el equilibrio territorial.
En concreto, la bonificación del Estado se aplicará de la siguiente manera:
- Superficies de hasta 12 hectáreas de riego ponderado: tendrán derecho a una bonificación máxima del 90%. Esto, aunque los agricultores no reúnan las demás condiciones que la ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) exige a sus beneficiarios.
- Terrenos de riego ponderado de más de 12 y de hasta 30 hectáreas: podrán acceder a una bonificación máxima de 80%.
- Áreas de riego de más de 30 hectáreas y de hasta 80 hectáreas de riego ponderado: accederán a una bonificación máxima de 70%.
Otras consideraciones
La propuesta detalla que hasta un 2% de los recursos anuales disponibles para bonificaciones se destinará a concursos de agricultores que postulen con más de 80 y hasta 200 hectáreas de riego ponderado. La encargada de llamar a concurso será la CNR. Estos agricultores podrán acceder a una bonificación máxima de 60%
También se bonificarán los gastos de constitución de organizaciones de usuarios de aguas. En la misma línea, se incluyen iniciativas que favorezcan la gestión de dichas organizaciones y que tengan impacto en el riego.
Se suma a lo anterior inversiones que consideren objetivos ambientales (como favorecer el ahorro y uso eficiente del agua o el uso de aguas pluviales). Lo anterior se plantea, especialmente, en las zonas más afectadas por el cambio climático o aquellas cuyos sistemas productivos impidan la degradación del suelo, favorezcan a la biodiversidad o impidan la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
Con la finalidad de velar por la seguridad hídrica, podrá limitarse o restringirse la bonificación de proyectos de riego. Ello, cuando las iniciativas incorporen nuevas superficies en lugares con déficit hídrico.
Habilitados a postular y exclusiones
Podrán acogerse a la bonificación que establece esta ley las personas naturales o jurídicas, individualmente o en forma colectiva. Lo anterior, con independencia si tienen calidad de propietarios, usufructuarios, poseedores inscritos o meros tenedores en proceso de regularización de títulos de predios agrícolas, entre otras posibilidades.
Asimismo, podrán postular arrendatarios y comendatarios de predios agrícolas cuyos contratos consten por escritura pública inscrita en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente y que cuenten con la autorización previa y por escrito del propietario. Esta deberá estar vigente, al menos, por dos años. Iguales condiciones se presentarán para quienes hayan celebrado un contrato de arrendamiento con opción de compra o leasing.
Además, en este ámbito se aclaran algunas excepciones y especificaciones para las postulaciones, así como aportes máximos. Paralelamente, se autoriza a llamar a programas o concursos con condiciones especiales frente a situaciones de emergencia hídrica.
Se excluyen de este beneficio quienes posean más de 200 hectáreas agrícolas de riego ponderado, en forma directa o a través de sociedades matrices o filiales.
Tampoco podrán postular las entidades en que el Estado tenga aportes o participación. Se exceptúan de ello: las que formen parte de una organización de usuarios o de una comunidad no organizada; o se trate de establecimientos o iniciativas de educación y capacitación vinculadas al riego.
De igual modo, no podrán postular las altas autoridades del país. Entre otros se mencionan: Presidente de la República; senadores y diputados; ministros; generales y oficiales superiores de las FFAA y de Orden; embajadores; jefes superiores de servicios; gobernadores regionales; delegados presidenciales; alcaldes; seremis; y constituyentes.
Ponderación y vigencia de la ley
El proyecto también agrega un aspecto a los factores a considerar en la ponderación de los proyectos concursantes. En tal plano, se considerarán los siguientes puntos:
- Porcentaje del costo de ejecución del proyecto que será de cargo del interesado.
- Superficie de nuevo riego.
- Suelos improductivos por su mal drenaje que incorpora el proyecto a un uso agrícola
- Costo total de ejecución del proyecto por hectárea beneficiada.
- Incremento de la potencialidad de los suelos que se regarán o drenarán.
- Ahorro de agua, obtenido mediante la mejora en la eficiencia de su uso o el aumento de su disponibilidad.
El texto también reformula el marco de sanciones y define plazos. Sumado a ello, prorroga la vigencia de la propia Ley 18.450 por el plazo de 12 años, esto es, hasta el año 2033.
Debate y votaciones
En la discusión hubo quienes criticaron la efectividad de la propuesta y de la propia ley vigente. Acusaron que beneficia más a los grandes agricultores y que no se hace cargo del cambio climático ni de la sustentabilidad alimentaria.
Otros descartaron dichos argumentos y observaron los beneficios de la normativa, justamente, en la línea de combatir la escasez hídrica por medio de un riego más tecnificado. Además, sostuvieron que se focalizan los recursos en los pequeños agricultores y defendieron la prórroga, entendiendo que los proyectos se desarrollan en un rango amplio de tiempo.
Un sector intermedio dijo apoyar la iniciativa y la mayor parte de su articulado, pero se abrió a aprobar algunas indicaciones para perfeccionarlo.
Intervinieron Matías Walker (DC), Cristina Girardi (PPD), Daniel Núñez (PC), Ramón Barros (UDI), Pedro Velásquez (IND), Ignacio Urrutia (PREP), José Pérez (PR), Félix González (PEV), Marcelo Schilling (PS), Jorge Sabag (DC), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Gabriel Ascencio (DC) y Frank Sauerbaum (RN). En representación del Ejecutivo expuso la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga.
En las votaciones, la idea de legislar se aprobó por 89 votos a favor, 26 en contra y 25 abstenciones. Luego, en votación separada se ratificó la prórroga de 12 años y se ratificaron tres indicaciones. Una de ellas permite que el primer concurso de cada año se dirija a proyectos presentados y aprobados, pero que no llegaron al financiamiento. Otra explicita que serán también beneficiarios de esta ley personas y comunidades indígenas.
La tercera enmienda impide beneficiar proyectos de nuevas superficies de riego en zonas decretadas de agotamiento de aguas superficiales o de prohibición de aguas subterráneas. Se exceptúan los pequeños agricultores. Asimismo, prohíbe acceder a bonificaciones a los proyectos de riego en laderas o que afecten vegetación nativa.
