La comisión que analiza la procedencia del libelo acusatorio en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, recibió la exposición de su abogado defensor, Jorge Gálvez.
El defensor intentó demostrar que la acusación se basa en una “diferencia política profunda de la forma, oportunidad y urgencia” en retomar las clases presenciales.
A su juicio, la acusación se sustentó en un “diagnóstico equivocado, parcial e injusto” del manejo de la pandemia por parte del Gobierno y del Ministerio de Educación.
En esa línea, aseguró que el ministro no infringió la Constitución ni las leyes al favorecer el retorno a clases presenciales. Sostuvo que, por el contrario, diseñó un marco de condiciones para que el retorno ocurriera de manera segura, gradual y voluntaria.
Cuestión previa
Antes de entrar en el fondo de la acusación, el abogado criticó los defectos formales de esta, que impedirían el ejercicio del derecho a defensa. En esta línea argumentativa, estimó que se vulneró la garantía constitucional de un proceso “racional y justo”.
Además, debido al apremio de los plazos, remarcó que las pruebas no alcanzaron a presentarse, ni se discutieron o valoraron como corresponde.
Frente a tal situación, para el abogado la acusación viola los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, debido proceso y ultima ratio.
Retorno a clases
A lo largo de las dos horas de exposición, el abogado argumentó que la motivación del ministro para el retorno a clases se sostiene en evidencia científica local y comparada.
En esta línea, planteó el efecto negativo de las clases a distancia en el aprendizaje. También destacó la importancia de las escuelas en el rol protector frente a entornos complejos en los hogares y en el desarrollo socioemocional de niños, niñas y adolescentes.
Frente a ello, valoró la realización “responsable, seria y acuciosa” del Plan de Retorno Seguro a Clases. Este se sustenta en la seguridad en el cumplimiento de las medidas sanitarias y la voluntariedad en la apertura y asistencia. De igual modo, considera la gradualidad del proceso.
Asimismo, destacó que el programa fue elaborado por un grupo transversal de expertos vinculados al área de la salud y educación y relevó el plan de funcionamiento para 2021.
Conclusiones
El abogado aseguró que el ministro desarrolló un trabajo de retorno a clases estudiado y modelado, que dio lugar a pasos que orientan a las comunidades para volver a la actividad presencial.
“El ministro no ha hecho más que cumplir de manera rigurosa el mandato constitucional de entregar y favorecer el ejercicio del derecho a la educación por parte de las comunidades educativas”, aseguró al cierre de su presentación.
Durante la jornada del martes 10 de agosto, la comisión debatirá y analizará su posición frente a la acusación. Su informe se entregará en la Sala el jueves 12 de agosto, en una sesión que comenzará a las 10:00 hrs. En dicha ocasión, la Corporación determinará si declara o no admisible la acusación.
