La Comisión de Cultura continuó el análisis de la iniciativa que modifica el DFL 850, de 1997, para consagrar el carácter de camino público de las huellas o senderos de uso inmemorial o ancestral (boletín 12.696), para lo cual se recibió a representantes del Ejecutivo y a voceros campesinos y de la pesca, procediendo, posteriormente, a aprobar su idea de legislar, por cinco votos a favor y dos en contra.
El objetivo de la iniciativa es considerar a dichos senderos que han servido como vía de comunicación terrestre entre distintos predios rurales, siempre que se acredite que han sido destinados a ello por más de 50 años y sean catastrados por la autoridad.
A la sesión asistieron, por parte del Ejecutivo, el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, y el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia.
Ambas autoridades consideraron que lo que señala el proyecto ya está contenido en la normativa actual que regula los caminos, tanto en los artículos 24 y 26, e implicaría alteraciones presupuestarias tanto para Bienes Nacionales como para el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El ministro Isamit consideró que la propuesta presentaría una posible afectación constitucional, ya que importaría potenciales gravámenes a la propiedad privada, vulnerando el derecho a la propiedad. Igualmente, explicó que si no se trata como un gravamen, podría configurarse una expropiación encubierta, sin indemnización.
Isamit estimó que declarar como públicos senderos o huellas que cruzan predios rurales, podría implicar afectar zonas limítrofes, comunidades indígenas y el Sistema de Áreas Protegidas.
Finalmente, como alternativa, indicó que el reconocimiento o promoción de aquellas huellas con significación histórica se podría realizar a través de las Rutas Patrimoniales, que están a cargo de su cartera y que, en la actualidad, alcanzan a setenta.
Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas detalló la normativa actual y las atribuciones de la Dirección de Viabilidad en la administración de caminos.
A su vez, Leturia sostuvo que la propuesta no establece la forma en cómo se acreditará el uso inmaterial del camino y su uso por más de 50 años. Además, criticó que tampoco se define el concepto de huella o sendero, ni en las leyes actuales ni en el proyecto.
Otro punto que mencionó es el aumento en el gasto fiscal para mantener el catastro, por lo que propuso que la iniciativa sea revisada por la Comisión de Hacienda.
Motivaciones del proyecto
A continuación, el diputado Leonardo Soto (PS), uno de los autores del proyecto, llamó a las autoridades a entender el sentido que tiene la propuesta, que es abordar el problema que viven campesinos, arrieros, laceros, cabreros y recolectores de algas que desarrollan su actividad económica a lo largo del país.
Al respecto, enfatizó que, en zonas rurales, los campesinos tienen que acceder a lugares distintos para dar agua y sustento a sus animales, debiendo llegar hasta la alta montaña o al nacimiento de lagunas o lagos, y a playas, en el caso de los algueros. Destacó que son actividades ancestrales que se han desarrollado hace más de cien años y que son de interés público desde el punto de vista patrimonial y cultural.
Asimismo, recordó el decreto que permite el acceso libre y gratuito a playas, “pero cuando se trata de campesinos, ellos están privados de eso, por propietarios particulares que impiden su paso y sacan provecho de eso”.
Algueros de Litueche
El vocero de algueros, pescadores artesanales y recolectores de orilla de Litueche, en la región de O´Higgins, Gabriel Palma, explicó que el borde costero tiene escasos accesos libres a playas y orillas de mar por las haciendas que se han interpuesto en el medio.
Agregó que el Gobierno no ha entendido el sentido del proyecto, porque no se requiere gran estructura vial ni pavimentación para quienes circulan por los senderos en caballos cargados de cochayuyos. “Es una actividad laboral que se desarrollaba mucho antes que Chile existiera y necesitamos que nadie prohíba o impida el paso o cobre con kilos de pescado o cochayuyo”, recalcó.
Palma criticó que una parte del Estado reconozca la actividad, como las carteras de Medio Ambiente y Economía, que llevan a las recolectoras a China, pero que no sean escuchados para solucionar el acceso al borde costero.
Además, en la Comisión participó, por segunda vez, Paola Rubio, en representación de los laceros y arrieros de Aculeo de Paine, quien reiteró que los dueños de predios han tenido mano de obra gratis, porque cobran el paso de arrieros con días de trabajo por cada cabeza de ganado.
Otro punto que consideró es que las riberas de esteros son bienes nacionales de uso público en todo Chile, pero tampoco tienen respuestas de las autoridades para poder acceder a ellas.
