La Comisión de Economía retomó el análisis del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece la investigación y persecución de carteles (boletín 13.312). La instancia recibió para ello las exposiciones del Fiscal Nacional Económico y del Ministerio Público.
En primer término, el fiscal económico, Ricardo Riesco, planteó que Chile cuenta con uno de los regímenes sancionatorios más completos y estrictos del mundo para perseguir los carteles y la colusión, que calificó como el “cáncer” de la economía de mercado.
El personero detalló que la Fiscalía ha iniciado más del 50% de las investigaciones por oficio, que han acusado a más de 200 personas naturales y jurídicas y obtenido multas en el 100% de las acusaciones presentadas.
Respecto del proyecto de ley, Riesco indicó que este agrega herramientas útiles y efectivas para combatir la colusión como el alzamiento del secreto y la reserva bancaria, la imposición de sanciones a quienes entorpezcan las medidas de entrada y registro, oculten o destruyan evidencia y la creación de la figura del denunciante reservado.
Y manifestó que la iniciativa no innova en materia de la titularidad de la acción penal, la cual se mantiene en el organismo a su cargo, garantizando la persecución y que no existan investigaciones paralelas.
Ministerio Público
En representación del Fiscal Nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott, expuso Andrés Salazar, abogado asesor de la Unidad Especializada de lavado de dinero, delitos económicos, medioambientales y crimen organizado.
El profesional, si bien destacó que el proyecto en trámite mejora la legislación contra los carteles y la colusión y entrega una oportunidad de mayor coordinación con la Fiscalía Nacional Económica, no avanza en lo criminal y retrasa mucho la investigación, lo que dificulta encontrar pruebas.
Salazar enfatizó la necesidad de que el Ministerio Público pueda ejercer una intervención temprana y que se avance hacia un sistema coordinado de persecución penal y administrativo, donde la responsabilidad por el daño causado (a nivel personal) sea una realidad.
Concluyó su presentación afirmando que, solo desde la perspectiva del derecho penal, el proyecto al dificultar la consecución de pruebas se transformará en una norma de derecho “simbólico”.
Contenido del proyecto
La iniciativa, ingresada a tramitación legislativa el 18 de marzo de 2020, entrega nuevas herramientas a la FNE para fortalecer la investigación y persecución de prácticas colusorias, por ejemplo, el alzamiento del secreto y la reserva bancaria y permite utilizar técnicas investigativas idóneas, como fotografías, filmaciones o grabación de comunicaciones entre personas presentes.
Cuando la conducta anticompetitiva recaiga sobre bienes o servicios de primera necesidad, el texto elimina el grado menor de la pena contemplada hoy para el delito de colusión -presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años)- manteniendo solo el grado más alto de la misma, esto es, presidio mayor en su grado mínimo (5 años y un día a 10 años).
El mensaje define los bienes o servicios de primera necesidad como aquellos que son indispensables para la subsistencia de las personas.
Otro aspecto del proyecto es que propone incluir a la Dirección General de Carabineros dentro de la obligación de poner a disposición el personal requerido para el desarrollo de investigaciones o para la realización de diligencias específicas que se soliciten por el Fiscal Nacional Económico.
