Las y los parlamentarios de Gobierno Interior optaron por comenzar el debate de los proyectos refundidos, originados en mociones que modifican la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, para habilitar el voto por correo (Boletín 13.729) y anticipado (Boletín 13.772) para personas que tengan imposibilidad de trasladarse al local de votación.
En la sesión se optó por dejar como texto base el proyecto de voto anticipado, por entenderse que el voto por correo está subsumido en la propuesta anterior y por existir acuerdo con el Ejecutivo para avanzar con el voto anticipado en ciertos grupos de electores.
La comisión decidió un plazo hasta este viernes para que las y los parlamentarios adecuen las indicaciones y comenzar a votar en particular, sin esperar la propuesta del Ejecutivo que se encuentra en preparación.
La presidenta de la instancia, diputada Joanna Pérez (DC), hizo un llamado al ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, y al subsecretario Juan José Ossa, a manifestar voluntades en este proyecto y manifestó que espera que se encuentren presentes junto al Servel, durante la tramitación.
En la jornada, el análisis se centró en el artículo único que señala que para facilitar el voto de personas adultas mayores que se encuentren en cuarentena por razones de salud, de personas que estén en grupos de riesgo y de personas privadas de libertad, el Servicio Electoral podrá facilitar el voto anticipado, para lo que se constituirán mesas receptoras especiales una semana antes del día de la jornada electoral.
Así el debate giró en torno a una modificación presentada por la principal promotora de la iniciativa, diputada Andrea Parra (PPD), que propone integrar además a chilenos con residencia en el extranjero y a trabajadores con jornada laboral especial. La legisladora se refirió, por ejemplo, a los mineros y pescadores que, por sus turnos, no pueden desplazarse el día de la elección.
A su vez, surgieron varias dudas sobre la elaboración del padrón previo del Servel. El diputado Andrés Longton (RN) consideró que debiera ser más flexible y existir una actualización en las últimas 48 horas, mientras que el parlamentario Celso Morales (UDI) preguntó a la autora quién calificará a los trabajadores con jornadas laborales especiales.
Difusión de encuestas electorales
Igualmente, la comisión analizó la moción que modifica la citada ley sobre votaciones populares y escrutinios, en materia de difusión de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales, y requisitos de transparencia y sanciones en caso de incumplimiento (boletín 13.894).
Al respecto, la diputada Marcela Hernando (PR), principal autora de la moción, indicó que la propuesta busca modificar la prohibición de publicar encuestas de 15 a 4 días antes de la elección.
Agregó que actualmente no existen requerimientos de certificación, ni requisitos de transparencia para las empresas encuestadoras, las que deberían cumplir con ciertos estándares.
Sobre el tema, expuso el director de Periodismo de la Universidad de Santiago (USACH), Doctor en Ciencias Políticas y especialista en campañas electorales y redes sociales, René Jara, quien se refirió a la legislación comparada y datos internacionales.
El académico informó los plazos de black out que existen en el extranjero para dar a conocer resultados de encuestas electorales, los cuales en promedio son: África 5 días antes de la elección, Europa 2 días, Latinoamérica 7 días y Oceanía 7 días.
Luego detalló al grupo de oferentes en Chile que son empresas, agencias y consultoras que realizan sondeos de opinión con expectativa electoral; universidades en colaboración con agencias que realizan otros sondeos y centros de estudios y fundaciones.
Jara agregó que le parece acertado legislar al respecto, pero no dejar sólo a las encuestadoras, sino también incluir a los medios de comunicación que difunden los resultados de las encuestas.
Otro punto de preocupación es la difusión de resultados en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, e indicó que la legislación está atrasada sobre la materia, pero que una regulación restrictiva afectaría la libertad de expresión. Sin embargo, consideró que este tema debe incorporarse en algún lugar, porque a futuro los sondeos de opinión tradicional pueden acabarse y serán por redes sociales.
Finalmente, Jara consideró que podría existir un registro de encuestadores -que declaren a sus financistas e intereses- cómo existe en otras legislaciones.
