La Comisión de Seguridad Ciudadana culminó la discusión y votación en particular del proyecto de ley, originado en mensaje, que establece normas sobre delitos informáticos y deroga la Ley 19.223, que tipifica figuras penales relativas a la informática, con el objeto de adecuar la legislación al Convenio de Budapest (boletín 12.192).
La iniciativa, abordada en una sesión mixta telemática – presencial, tiene por objetivo incluir nuevas formas delictivas surgidas a partir del desarrollo de la informática, con el fin de llenar los vacíos del ordenamiento penal en la persecución de ciertas conductas.
Para lo anterior, se reformulan los tipos penales contenidos en la citada Ley 19.223, como el sabotaje y espionaje informático, adecuándolos a los principios del también mencionado Convenio de Budapest.
De dicho modo, se tipifica una serie de conductas permitiendo una adecuación de la legislación chilena a lo que ha sido la constante modernización tecnológica de la informática, considerando los cada vez más recurrentes ataques a la integridad de los sistemas informáticos a nivel mundial, así como el acceso e interceptación ilícitos; el ataque a la integridad de los datos informáticos; la falsificación informática; el fraude informático; y el abuso de dispositivos.
El texto, que será informado a la Sala por el diputado Cristhian Moreira (UDI), pasará previamente a la Comisión de Ciencias y Tecnología de la Corporación, donde proseguirá su tramitación legislativa.
Convenio de Budapest
Según los antecedentes de la Biblioteca del Congreso Nacional, el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (Convenio de Budapest) es el acuerdo internacional de uso más extendido para desarrollar la legislación de combate al cibercrimen.
En síntesis, tiene como objetivo armonizar la legislación relativa a este tipo de criminalidad, mejorar las capacidades de investigación de estos delitos y establecer un régimen efectivo de cooperación y asistencia internacional.
Entre sus principales disposiciones destacan la obligación de tipificar delitos contra la integridad de los sistemas o datos informáticos y su contenido, así como establecer procedimientos que faciliten la investigación penal.
