La Comisión de Seguridad Ciudadana despachó el proyecto, originado en moción, sobre extravío de personas y la realización de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda (boletín 12.392), en primer trámite constitucional, el cual será informado a la Sala por la diputada Marisela Santibáñez (PC).
Desde el Gobierno se presentó una indicación sustitutiva que fue explicada por el abogado del Ministerio del Interior, Ilan Motles. A juicio del profesional, se hacía necesario llevar a cabo la acción, con el objeto de darle viabilidad a la iniciativa, considerando, entre otras cosas, que la moción incurría en gastos, hecho que es iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
“Detectamos una serie de problemas y vacíos legales. Por ello, presentamos la indicación sustitutiva que elaboró una propuesta en base a una mesa de trabajo en la que se consideraron las opiniones de las y los parlamentarios, así como de organismos de la sociedad civil. Ahora se cuenta con un texto de consenso que toma como base lo presentado por el Ministerio del Interior y mejorando lo original”, explicó.
Cabe destacar que, a juicio del Ejecutivo, era importante dar claridad sobre una serie de definiciones como, por ejemplo, lo que es una “persona desaparecida” y cuándo existe “presunta desgracia”. A ello se suma la escasa relación y desconexiones institucionales e incluso diversos criterios entre ellas. “La idea es contar con una norma acorde”, indicó Motles.
La diputada Santibáñez, como una de las mocionantes del texto original , indicó que este es un proyecto que ya lleva bastante tiempo de tramitación. La parlamentaria reconoció que la iniciativa incurría en gastos y por ello las dudas del Ejecutivo en una primera instancia. No obstante, agradeció que el Gobierno se haya hecho parte de este proyecto que busca dar claridad a una iniciativa que es de absoluta necesidad.
“El proyecto tiene un apoyo transversal. Yo misma he recibido apoyo de diputados de gobierno y eso da cuenta del apoyo. Lo importante es que el Ejecutivo se sumó y por eso agradezco a los asesores del Ejecutivo, como de las y los parlamentarios porque se pudo llegar a un importante acuerdo”.
Debate y críticas
La comisión acordó tomar como texto base la indicación sustitutiva del gobierno, pero presentó una serie de enmiendas al mismo. Al respecto, el presidente de la comisión, diputado Miguel Ángel Calisto (DC), pidió al Ejecutivo que patrocinara las modificaciones propuestas, especialmente en aquellos aspectos que irrogan gasto. No obstante, aunque las propuestas fueron concordadas entre los miembros de la comisión el Ejecutivo no se hizo parte de ellas.
Además, Calisto destacó como duda el hecho que siempre se genera, por parte de familiares, que ante la búsqueda de una persona desaparecida “resulta que el Ministerio Público cuando desaparece una persona decreta un tiempo de búsqueda que puede ser de siete días. No obstante, cuando finaliza ese plazo se deja de buscar, cosa que yo, por ejemplo, veo en mi región cuando, lamentablemente, alguien cae a un río”.
Ante dicha consulta, el Ejecutivo señaló que, por esas razones, la idea es contar con un protocolo de unificación de actuación que, en el caso particular, de cada detalle de una persona desaparecida, finalmente, va a ser el protocolo el que va a dar cuenta de las acciones a seguir.
Independientemente de aquello, el diputado Raúl Leiva (PS) criticó que el Ejecutivo no tuviera un compromiso claro, “porque no suscribieron la indicación. El acuerdo fue que ellos presentarían la indicación, no obstante, ha sido incapaz de llevar a cabo su palabra”.
Cabe destacar que en Chile la desaparición de personas o presunta desgracia no está contemplada en la ley ni en reglamentos, sino que es una figura cuya definición se encuentra regulada por el oficio de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, N° 278, de 5 de Junio de 2003, sobre creación de la Sección de Encargo de Personas en Carabineros de Chile (SEP), dirigido a los Fiscales Regionales y Fiscales Adjuntos del país. Este oficio no define la materia, sino que sólo la nombra y regula la actuación de los Fiscales Regionales y Fiscales Adjuntos.
