En el marco de la tramitación del proyecto que moderniza los procedimientos concursables contemplados en la Ley 20.720, de reorganización y liquidación de empresas y personas (boletín 13802), la Comisión de Economía recibió a diferentes entidades que expusieron su opinión sobre el texto.
La propuesta contempla medidas para agilizar y simplificar aspectos burocráticos de los procedimientos concursales actuales; crear procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajos costos de administración para personas y micro y pequeñas empresas; así como incrementar las tasas de recuperación de créditos promoviendo reestructuraciones de pasivos antes que liquidaciones de bienes.
En primer término, José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, destacó que el proyecto incorpore el concepto de “Deudor de Mala Fe”, que establece que en cualquier etapa del procedimiento de liquidación, el liquidador o cualquier acreedor puede solicitar al tribunal que declare que el deudor se encuentra actuando de mala fe, para lo cual se precisan algunas circunstancias (documentos o activos incompletos, ocultamiento o obstrucción de bienes, etc.).
Por su parte, el presidente de la Asociación Gremial de Abogados Defensores de Deudas (AGADD), Ricardo Ibáñez, manifestó que comparten la necesidad de modernizar y robustecer el sistema concursal chileno y que consideran una excelente idea permitir a las personas naturales que emitan boletas de honorarios poder acceder al procedimiento de renegociación.
Pero, criticó que el deudor deba consignar un monto de 10 UF para solventar los gastos iniciales en el procedimiento, ya que los consideran “discriminatorio y de no entender que la persona que se declara en quiebra hoy en Chile (…) viene de un periodo de cesantía”.
A su vez, Claudio Ortiz, vicepresidente Ejecutivo de Retail Financiero, acompañado del asesor legal, Jaime Lorenzini, plantearon a la Comisión algunas materias que podrían ser abordadas en este proyecto, como por ejemplo: regular la actuación de los facilitadores; reforzar la educación financiera, y establecer políticas para que las personas no se vuelvan a sobre endeudar.
Rol de liquidadores
El presidente de la Asociación de Liquidadores Concursales A.G, Rodrigo Kantar, señaló que los liquidadores son actores ejecutivos de la ejecución de esta ley, autónomos y profesionales que requieren que la asignación de causas sea equitativa y desconcentrada.
“Consideramos que la división de liquidadores A y B , como lo detalla la iniciativa, nos divide y aporta a la concentración de las grandes causas y en unos pocos”, señaló.
Finalmente, también expusieron ante la Comisión de Economía, los integrantes de la directiva de la Asociación Gremial de árbitros Concursables, Sergio Ibarra y Melanie Freres, quienes indicaron que sus propuestas de mejoramiento en la iniciativa comprenden, entre otras cosas, que los veedores, liquidadores y el tribunal deban propiciar los medios para que las actuaciones se lleven a efecto en forma telemática. En caso contrario, tanto las audiencias como las Juntas de Acreedores deben llevarse a efecto en el lugar del juicio sin cobro de viáticos.
Asimismo, eliminar la posposición de pago a los alimentarios como acreedores relacionados al deudor y también se manifestaron de acuerdo en que no se debe exigir el pago de 10 UF para gastos de administración en los procedimientos de liquidación voluntaria de personas, micro y pequeñas empresas del artículo 272 ter.
Para la próxima sesión, la instancia legislativa acordó invitar a la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus); a la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu); al ministro de Economía, Lucas Palacios; y al superintendente de Insolvencia, Hugo Sánchez.
