A días de cumplirse un año del estallido social del 18 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Emilia Nuyado (PS), realizó sesión para escuchar al Ministerio Público y Carabineros, en relación al número de funcionarios de la fuerza pública que se encuentran denunciados, investigados y sancionados por violaciones a los derechos humanos y determinar si el actuar de Carabineros cumple con los estándares para la investigación y sus obligaciones legales.
A juicio del Ministerio Público, ha sido muy difícil determinar las responsabilidades por las denuncias, debido a la complejidad de no tener un relato inicial que incluya una declaración que contextualice los antecedentes.
Así lo detalló ante la instancia, Ymay Ortiz, directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público, quien sostuvo que “para cada víctima un año, indudablemente, es una eternidad. Si miramos la complejidad de estos delitos, muchas de las denuncias son situaciones de manifestaciones masivas, donde ha sido muy difícil determinar la responsabilidad individual”.
El reporte entregado por la representante del ente persecutor, sobre violaciones a los derechos fundamentales por parte de funcionarios de la fuerza pública, indica que la cifra de casos asciende a 8.575 víctimas. De esos casos, existen 919 imputados identificados, pero desconocidos alrededor de siete mil”.
Asimismo, reveló que hasta la fecha se han formalizado a 63 funcionarios policiales formalizados en 29 causas, todos los cuales están con medidas cautelares decretadas, ya sea prisión preventiva o medidas cautelares. “Se han presentado acusaciones en tres casos, tenemos un caso de condena y durante la semana del 5 de octubre se actualizará la información estadística, donde se van ingresando los casos formalizados”, explicó Ymay Ortiz.
Informó que en octubre se encuentran fijadas varias audiencias de formalización en casos de violencia institucional, por delitos cometidos en el contexto de la crisis social, por lo que “esta cifra respecto del número de formalizados va aumentar bastante durante los próximos meses”, señaló.
Además, puntualizó que “se revisó caso a caso, las causas con su historial y pudimos descubrir los delitos comunes -que realizaron agentes del Estado- que no están tipificados. Fue así como encontramos el de lesiones oculares, desnudamiento, hacer sentadillas, entre otras”.
Finalmente, resaltó que están en un proceso donde todas las fiscalías regionales están despejando información, con el fin de quedar con el grueso de las investigaciones que permitan determinar una responsabilidad penal.
Reporte de Carabineros
En tanto, el director de la Contraloría General de Carabineros, general inspector Gonzalo del Alcazár, acompañado por la jefa de la Dirección de Derechos Humanos, coronel Karina Soza, expuso que, de acuerdo a sus reportes, a consecuencia de la crisis social -entre el 18 octubre 2019 y hasta el 18 marzo de 2020- se han instruido 1.270 procesos indagatorios que se relacionan al control y restablecimiento del orden público.
Dijo que, según sus registros, las querellas registradas institucionalmente corresponden a 63 funcionarios formalizados, 1.230 acciones interpuestas ante el Ministerio Público y una sanción penal. En cuanto a las investigaciones, informó que 663 se encuentran finalizadas y 108 en tramitación. Respecto de los sumarios internos, 151 se encuentran finalizados y sólo 48 de ellos se encuentran en tramitación.
El general también se refirió al resultado de estos procesos. Indicó que en 81 de ellos se formularon cargos por parte de la institución, que corresponde a un total de 170 carabineros a nivel nacional, de los cuales 16 fueron desvinculados, por baja con efectos inmediatos, mientras que a otros 19 se les está proponiendo una medida expulsiva en el sumario administrativo, que se aplicaría una vez se encuentre a firme. Finalmente, 135 se encuentran afectados por cargos con medidas gravosas, como son el arresto, la reprensión y la amonestación.
“A los más de mil procesos indagatorios que se han llevado a cabo por motivo de la contingencia social, no ha resultado fácil ni expedito llevarlos adelante, considerando todos los elementos de prueba que requiere un proceso administrativo (…). Se debe a la falta de interés de las personas afectadas, quienes en la mayoría de los casos dan prioridad a la denuncia ante el Ministerio Público y esto, obviamente, está por sobre el proceso administrativo que lleva a cabo la institución”, sostuvo.
A su vez, explicó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) elevó una solicitud al General Director de Carabineros, en el sentido de evitar el contacto con las víctimas, a fin de no revictimizarlas; y el Ministerio Público tampoco entregó información, ya que no es interviniente de estos procesos. Por ello, acceder a los antecedentes de la primera atención fue imposible, debido a que muchos puestos de salud se ampararon en la Ley 20.584 sobre reserva de los datos del paciente.
En este sentido, manifestó que la institución es consiente que la afectación de los derechos de las personas, fuera del marco de las normas vigentes, no es aceptable, por ello se dispusieron una serie de medidas destinadas a prevenir este tipo de hechos.
Para ello, se actualizaron los protocolos de mantención y de restablecimiento del orden público, reafirmando los principios aplicables al uso de la fuerza; se mejoraron los protocolos del uso de la escopeta antidisturbios, y se adquirieron medios de protección menos letales, junto con suprimir, como medida operativa, la ex Zona de Control del Orden Público reemplazándola por dos prefecturas de control de orden público, en la zona este y oeste de Santiago.
Asimismo, se crearon 13 comisarías de control de orden público, una por cada región, para asegurar la eficiencia operativa, facilitando la prevención y detención del uso excesivo de la fuerza.
La presidenta de la instancia legislativa, Emilia Nuyado, acordó seguir levantando testimonios de las violaciones a los Derechos Humanos tras la crisis social, hasta el próximo lunes, donde se acordará el cronograma para determinar cuándo se entregarán las conclusiones de esta materia. La instancia, además, acordó citar nuevamente para ese día al general Gonzalo del Alcazár, para que termine su presentación.
