A principios del mes de septiembre, Banco Estado sufrió un grave incidente de ciberseguridad, hecho que puso, nuevamente, en relevancia la importancia de adoptar una serie de medidas de seguridad, tanto en reparticiones públicas como privadas.
Al respecto, el Gobierno presentó ante la Comisión de Seguridad Ciudadana, el proyecto que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest, calificado con urgencia suma y en segundo trámite constitucional (boletín 12192), que ingresó a trámite legislativo en octubre de 2018.
Ante la instancia, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo que esta iniciativa “es altamente relevante. El gobierno tiene una agenda de ciberseguridad que esperamos la puedan apoyar. En materia legislativa hay dos iniciativas: una es este texto, pero ya, en breve y tras los estudios prelegislativos, esperamos presentar una ley marco sobre ciberseguridad en el que abordaremos de manera fuerte el tema de la infraestructura crítica de la información, porque es uno de los activos más relevantes”.
Por su parte, el ministro del Interior, Víctor Pérez, agregó que este proyecto es sencillo pero de gran importancia, “porque asume una serie de compromisos sobre ciberdelincuencia que se especifican en el acuerdo de Budapest y con la política de seguridad establecida en un instructivo presidencial de 2017. Nuestra norma actual debe ser actualizada porque data de 1993 y una serie de figuras ya no se ocupan, entre otras materias. Vamos a tipificar conductas delictivas como la falsificación informática y el fraude”.
Proyecto complementario
La diputada Maite Orsini (RD) hizo el alcance de la necesidad de cubrir diversos aspectos de lo que son los delitos informáticos. En ese sentido, señaló tener listo un proyecto que tiene que ver con la suplantación de identidad y violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, entre otros.
“A mi juicio el espacio digital es una nueva forma de relacionarnos y también el cómo se ha utilizado para atacar a otras personas. Yo pido apoyo del Ejecutivo para esta iniciativa, que puedo presentar a la brevedad, porque procesalmente cuesta seguir este tipo de delitos”.
Ante la consulta, se generó un análisis en cuanto a la posibilidad de incluir este tipo de delitos en una norma actual; en la que se discute o definitivamente presentarlo como un proyecto paralelo. Los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN) y Miguel Ángel Calisto (DC) respaldaron la idea de presentarlo de manera autónoma ya que así se acelerarían plazos, tal como también indicó el diputado Marcelo Díaz (IND).
“Creo que es mejor que se discuta de manera paralela, porque sin duda son aspectos que se relacionan con los temas informáticos. Así que ojalá podamos juntarnos con el Ejecutivo para analizar los pasos a seguir y también avanzar en ese proyecto una vez que se presente”, indicó el presidente de la instancia, Miguel Ángel Calisto.
La comisión definió una lista de invitados para, desde ya, profundizar una serie de aspectos de la iniciativa. En dicha lista se considerarán a una serie de académicos expertos en la materia; representantes de la PDI y el Ministerio Público, así como asesores en ciberseguridad.
