La Comisión de Educación recibió a distintas asociaciones de municipalidades y docentes para conocer sus planteamientos en relación al proyecto de ley, originado en mensaje, que establece normas excepcionales para el pago de las subvenciones educacionales del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, ley de subvenciones, en el contexto de la pandemia por Covid-19 (boletín 13768).
El texto señala que se establecerán mecanismos excepcionales para determinar el factor de asistencia para efectos del cálculo del pago de las subvenciones, estableciendo los casos para su procedencia, respecto a la no consideración de la baja asistencia por factores epidemiológicos.
De esta manera, dispone que para los establecimientos, que a partir del 1 de julio hayan regresado a clases presenciales y cumplido con su obligación de declarar asistencia efectiva, se considerara como asistencia media mensual el mayor valor entre la asistencia efectiva y el promedio de las asistencias del establecimiento educacional durante los meses de marzo, abril y mayo de 2019.
El proyecto será votado en general y particular, el próximo lunes 21 de septiembre.
Cuestionamientos a base de cálculo
El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), alcalde de la comuna de Natales, Fernando Paredes, apoyó la iniciativa pero propuso que se aplique a los establecimientos educacionales cuyas clases hayan sido suspendidas a partir del 16 de marzo, el criterio de pago de subvenciones del mayor valor entre la asistencia media efectiva en los primeros 8 días del año escolar 2020 y la asistencia media declarada durante marzo, abril y mayo de 2019, con el fin de hacer un poco más justo el pago de subvenciones ya que tomar como promedio solo los 8 días de marzo es perjudicial.
Agregó que, ha llegado el momento de debatir el pagar la subvención por matrícula y no por asistencia, ya que sería lo más justo para el sistema educativo considerando que ahora el sistema tendrá que hacerse cargo de protocolos sanitarios que no estaban previstos.
En representación de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), Cesar Rojas, también coincidió en que el texto va en la línea correcta, pero criticó que solo abarca a los colegios que ya reiniciaron clases y que no son tantos a nivel nacional. En este sentido, lamentó que el pago se realice desde julio y no desde el mes de marzo, subrayando lo complejo de la situación financiera que enfrentan las comunidades educacionales.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipalidades Rurales de Chile (AMUR Chile), alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, recordó que en el mundo rural hay un alto número de ausencia en las salas de clases, pero que, sin embargo, hoy las familias están pidiendo que reciban a los niños en los colegios, lo que se complica cuando el financiamiento sigue siendo considerado por la asistencia, por lo que compartió la relevancia de abordar el financiamiento vía matricula y no asistencia.
Punto en el que también coincidió el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien dijo que más allá de las diferencias con el Mineduc, reconocen que ha sido positivo que se haya asegurado el financiamiento a los municipios cuando se decretó la suspensión de clases, ya que se ha otorgado un nivel de estabilidad.
Con respecto al proyecto en debate, afirmó que si bien tiene una buena intención al resguardad la estabilidad, no ven una razón para que haya una diferencia entre los colegios que eventualmente retornarán a clases y aquellos que no retornen, por lo que el proyecto debería ser para todos los colegios de Chile.
El presidente de la Coordinadora de Colegios Particulares y Subvencionados del Norte (COPANOR), Jorge Lawrence, destacó el proyecto como una fórmula de salida; sin embargo, explicó que se genera una situación problemática con la regla de pago que se va a fijar respecto de los colegios que empiezan a retornar a clases, ya que esta genera un incentivo al retorno y genera un forzamiento cuando aún no hay condiciones para ello.
De esta manera, planteó que la regla no es correcta y debiese implementarse una norma similar para todo el sistema, en el sentido de que aquellos que retornen y aquellos que no puedan, se les impetre la subvención basado en el cálculo del 2019, que era cuando aún no existían incidencias que afectaran el cálculo de la asistencia promedio.
Finalmente, también entregaron sus planteamientos ante la Comisión de Educación, la Asociación de Directores de Escuelas y Liceos Municipales de San Antonio; el Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur de San Antonio, la Confederación de Asociaciones de Educación Particular Subvencionada, la Corporación Nacional de Colegios Particulares; la Asociación de Establecimientos de Educación de Adultos, la Fundación Súmate del Hogar de Cristo y la Comisión Internados Región de La Araucanía.
