El diputado Marcelo Díaz (IND), presidente de la comisión que analiza la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, apenas inició a la sesión alertó sobre la necesidad de volver a tener presente en la instancia al director de Gendarmería, Christian Alveal.
Esto, debido a que tuvieron como nuevo antecedente que el único imputado en el femicidio de la menor Ámbar Cornejo, Hugo Bustamante Pérez, en 2018 había incumplido injustificadamente en dos ocasiones la firma mensual a la que se encontraba obligado, debido a la libertad condicional otorgada en 2016 por la comisión de jueces que presidía la ministra acusada.
El parlamentario señaló que la revocación de la libertad condicional “debió haber ocurrido muchísimo antes”, por lo que acordaron citar a la máxima autoridad de Gendarmería para que explique por qué ocurrió este hecho calificado como “muy grave”.
Fundación Amparo y Justicia
Continuando con la recopilación de antecedentes para pronunciarse frente a la acusación por notable abandono de deberes interpuesta contra la ministra Donoso, en esta jornada la instancia recibió a Karin Hein Molina, coordinadora legal de la Fundación Amparo y Justicia.
La abogada relató cómo es que desde el rol de la institución apoyaron a la familia de Viviana Montenegro, una joven de 17 años que en 1998 fue brutalmente violada y asesinada por Luis Carrasco Tapia, en Valparaíso.
Explicó que el sujeto desde 2018 se encuentra postulando constantemente a la libertad condicional por cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto N°321, y que pese a que ha sido denegada en todas las instancias, en 2019 la ministra Donoso en la Corte de Apelaciones, en voto de minoría, acogió el amparo presentado por la defensa.
La representante de la fundación leyó la argumentación del voto de la ministra, donde señala que el amparado cumple con los requisitos objetivos establecidos y que los datos que entrega el informe psicosocial no pesan por sobre estos.
Para la abogada, los informes que entrega la institución deberían ser más relevantes a la hora de tomar una decisión por parte de los jueces. Lo mismo señala Nataly Peña, prima de Viviana, quien señaló a la comisión que no entiende “en qué cabeza cabe dar la libertad a una persona que ha cometido tan grave homicidio”.
Víctimas entregan sus testimonios
El relato de Javiera, una joven viñamarina conmovió a las y los diputados presentes en la comisión. Invitada por el diputado acusador, Andrés Longton (RN), procedió a compartir con la instancia el abuso sexual que sufrió en julio de 2017 por Nicolás Melo Paredes, a quienes meses antes la comisión presidida por la jueza Donoso le había otorgado la libertad condicional.
Su abogado, Fernando García, explicó en la comisión que el sujeto tenía dos condenas por homicidio y por una de ellas había sido condenado a cadena perpetua.
A su juicio, esto no “es sólo un error, es una desidia, una falta de responsabilidad en su quehacer (de los jueces) y que causa serios problemas a terceros víctimas”.
A estos relatos se sumó el de Katherina Moreno, quien compartió con la comisión lo que vivió ella y su familia tras la muerte de su hermano de 33 años, quien fue atropellado y abandonado por un hombre borracho, en diciembre de 2016.
Señaló que por el proceso judicial llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso, buscando una pena mayor a los 300 días de presidio efectivo para el imputado por la muerte de su hermano. Agregó que en la Sala se encontraba la jueza Silvana Donoso, quien resolvió a favor de la defensa del imputado, y de acuerdo a su relato, ésta habría tenido un mal comportamiento con el abogado de la familia Moreno.
Otros invitados
En esta sesión también participó el suboficial de Gendarmería, Benjamín Lara, quien en 2016 se desempeñaba en el equipo de la región de Valparaíso que realizaba los procesos de postulación de los internos a la libertad condicional.
La sesión terminó con la presentación del profesor de derecho administrativo y teoría del derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Alejandro Vergara y director del observatorio jurisprudencial de la misma casa de estudios.
Tras una extensa exposición, el abogado señaló que el determinar si las Comisiones de Libertad Condicional son administrativas o no, no es lo que más debería pesar, sino que el hecho de no intervenir en las resoluciones ejecutoriadas.
A su juicio, no es función de una acusación constitucional revisar los fundamentos de la decisión de un organismo de estas características. Ni tampoco incorporar en la decisión algunos parámetros que puedan, el día de mañana, chocar o colisionar con una decisión eventual de un tribunal.
Señaló en sus conclusiones que debe existir un respeto irrestricto del valor “de la cosa juzgada” y que no puede ser tocada por el Congreso. “Me parece que la acusación de magistrados de tribunales es admisible en la medida que no esté en juego la decisión de estos magistrados” puntualizó, pues eso permite proteger la independencia de los tribunales.
