En el marco de la discusión general del proyecto, iniciado en moción, que modifica la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, para prohibir que se comuniquen las obligaciones de carácter económico, financiero, bancario y comercial, mientras esté vigente el estado de catástrofe con motivo de la pandemia y por un tiempo posterior (boletines refundidos 13.414, 13.444, 13.446, 13.458, 13.519 y 13.523), la comisión de Economía escuchó, por vía telemática, a diversos representantes del mundo del comercio y la defensa del los consumidores.
Estuvieron presentes el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, Odecu, Stefan Larenas; al presidente de la Confederación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus, Hernán Calderón; el director del Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, Lucas Del Villar; Francisco Arguello y George Lever, en representación de la Cámara de Comercio de Santiago; y el diputado Tomás Hirsch (Ind), autor de una de las mociones.
Este último explicó que la propuesta plantea una disposición transitoria, por el período que dure la pandemia y hasta 180 días después de finalizado el estado de catástrofe, para que las cuotas morosas no sean informadas (letras de cambio, cheques protestados, créditos, hipotecarios, etc.). Ello, para contribuir con la difícil situación que enfrentan las y los chilenos, que por retrasarse en sus compromisos no pueden acceder a créditos.
Agrupaciones de Consumidores
Por su parte, el presidente de Odecu, Stefan Larenas indicó que las mociones buscan hacerse cargo del problema de morosidad que ya era considerable antes de la pandemia, y que hoy se agrava con esta. Planteó que el proyecto tiene que considerar a las personas jurídicas, ya que la justicia ha hecho aplicable la ley de datos personales a las pymes.
Asimismo, consideró que la norma se debe complementar con que las entidades financieras reporten a los organismos fiscalizadores, las razones objetivas del rechazo de créditos.
Larenas también lamentó que el mal uso de la información comercial respecto a la selección de personal y en el ámbito educacional, no sea vigilado ni fiscalizado como corresponde, por lo que llamó a avanzar en la creación de la Agencia de Datos Personales, que daría garantías en esta materia, tema que se encuentra en trámite en el Senado.
En tanto, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, coincidió en señalar el alto nivel de endeudamiento que existe en Chile, que bordearía a más de 4 millones 900 mil personas con al menos una cuota morosa, y agregó que existe, un millón y medio de chilenos/as que están en proceso de judicialización de sus créditos. Indicó que en el contexto de la actual pandemia, sí se efectúan remates de bienes, situación que es gravísima, porque repactar con los bancos es muy difícil por la aplicación de cuotas abusivas.
A su juicio, el proyecto debiera extenderse entre 6 meses y un año luego del término del estado de excepción, porque se necesitan menores barreras para el acceso al crédito para reactivar la economía; y considerar mayores sanciones al incumplimiento de informar o por la venta de bases de datos.
Además, planteó que se debiera postergar el pago de créditos por más tiempo, para dar espacio a las familias para reorganizarse; postergar las cuotas morosas generadas entre junio 2020 y marzo de 2021, para reiniciar el pago en abril de 2021, y dejar que esa cancelación de cuotas quede para el final del crédito, con las mismas condiciones. Propuesta, añadió, a la que personas naturales y pymes puedan acceder de manera voluntaria.
Sernac
El director del Sernac, Lucas Del Villar, valoró el espíritu de la norma en el contexto de crisis sanitaria y económica por la pandemia y la alta cesantía, ya que su finalidad es prohibir la información negativa, lo que incentiva el reemprendimiento. “Los consumidores no dejan de pagar por gusto, es porque están impedidos de hacerlo”, enfatizó.
Agregó que, permanentemente, están fiscalizando reclamos por reprogramaciones, cobranzas extrajudiciales, gestiones de cobranza y servicios de defensa de deudores.
Del Villar alertó que un aspecto negativo de la norma sería que pase de una disposición transitoria a una permanente, porque “los buenos pagadores no podrían acceder al crédito y eso puede afectar a los consumidores en el contexto de reactivación”.
Añadió que se debe revisar la ley de datos personales, en lo referido a cubrir la hipótesis de cesantía; y que para incluir a las personas jurídicas, se debería modificar la ley de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. En cuanto a las multas por vulneración de datos personales, señaló que la Ley del Consumidor considera multas base que pueden llegar a 300 UTM y, las aplicadas en el ámbito financiero, pueden llegar a 1.500 UTM, lo que supera lo propuesto por las presentes mociones.
Boletín Comercial
Desde la Cámara de Comercio de Santiago se refirieron a la historia y las características del Boletín Comercial y a las consideraciones respecto al proyecto ley.
El economista George Lever consideró que el proyecto de ley favorece a los bancos, respecto al resto de las instituciones crediticias (ya que la banca posee además un sistema cerrado de información positiva); no contribuiría al acceso al crédito formal de personas y pymes que cumplen, porque no tendrían cómo beneficiarse con mejores créditos, y deteriora el flujo de pago.
La comisión acordó votar la idea de legislar de este proyecto, en la jornada de este martes 4 de agosto.
