La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobó el proyecto que modifica de Ley del Tránsito, para sancionar a quienes dificulten o impidan el acceso de adultos mayores y personas con discapacidad a los servicios de transporte público remunerado de pasajeros (boletín 12768 )
La mociónde las y los diputados RN, Bernardo Berger, Catalina Del Real, René Manuel García, Andrés Longton, Cosme Mellado, Francesca Muñoz, Leopoldo Pérez, además de Erika Olivera (IND) y Sandra Amar (UDI), plantea la necesidad imperiosa de evitar que los pasajeros del transporte público remunerado, con discapacidad y adultos mayores, sean objeto de discriminaciones arbitrarias, previniendo conductas de acoso y otras situaciones denigratorias de las cuales son víctimas a diario.
La idea matriz de la presente propuesta propone sancionar como una falta gravísima, el que se exija a las personas con discapacidad y adultos mayores el cumplimiento de requisitos o condiciones especiales, fuera del marco legal, para acceder al transporte público remunerado de pasajeros.
De igual manera, se propone considerar como falta gravísima cuando los conductores infrinjan la obligación de detenerse en la señal de detención correspondiente, así como poner en movimiento el vehículo o no detenerlo completamente cuando haya pasajeros que deseen subir o bajar del medio de transporte, conductas que son prohibidas expresamente por la Ley del Tránsito.
Fundamentos del proyecto
La propuesta legal, en primer trámite constitucional y que será informado a la Sala por el diputado Leopoldo Pérez, plantea que existen un sinnúmero de discriminaciones motivadas por la discapacidad o edad de los pasajeros, a los que a diario se les niega su derecho de acceso al transporte público remunerado de pasajeros.
Principalmente, añade, a aquellos con discapacidad física y movilidad reducida, quienes deben sortear una serie de dificultades y realizar diversas maniobras para ocultar su discapacidad al momento de utilizar el transporte público; ya que de otro modo los conductores no se detienen o bien deteniéndose, les niegan el acceso y, en su lugar, prefieren, arbitrariamente, que otros usuarios sin discapacidad accedan al servicio.
De igual manera, la iniciativa parlamentaria indica que existen casos en que los conductores les exigen requisitos adicionales a las personas con discapacidad, como guardar la silla de ruedas en determinados lugares, pagar otro pasaje o exigir un valor determinado por el espacio “extra” que van a utilizar las ayudas técnicas que utilizan.
Finalmente, los patrocinantes señalan que existe una necesidad imperiosa de avanzar y asegurar el goce de los derechos de los pasajeros con discapacidad y adultos mayores en el acceso al transporte público remunerado de pasajeros, estableciendo para ello sanciones y responsabilidades que inhiban a los conductores y operadores del transporte público de incurrir en dichas prácticas.
