Diputados consideraron insuficiente explicación sobre entrega de cajas de alimentos

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La Comisión de Gobierno Interior llevaba casi un mes esperando poder seguir analizando con el Ejecutivo el criterio en la entrega de las cajas de alimentos: a qué personas beneficia, y cómo ha sido su adquisición y la distribución territorial tanto por región y comuna. Es por ello que esperaban concretar, en la jornada de este martes 30 de junio, la exposición del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, al respecto.

Sin embargo, este excusó su inasistencia y, en su representación, expuso el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli.

La autoridad reiteró los datos entregados en su intervención del pasado 27 de mayo ante la instancia, pero no entregó mayores detalles de la política pública denominada “Alimentos para Chile” que, según dijo, forma parte de la red social desplegada en el marco del Covid-19 y que incluye otros beneficios.

Galli informó que el fin de semana pasado terminaba la distribución de las cajas, proceso que se retrasó en algunas comunas afectadas por el temporal, pero que aproximadamente se han repartido un millón de cajas en regiones, lo que se suma al millón y medio entregadas en la región Metropolitana.

Sobre el financiamiento de las canastas familiares, sostuvo que es dispar en cada una de las regiones, ya que algunas se pagaron exclusivamente con el 5% de emergencia de los gobiernos regionales o en forma mixta, con el Fondo de Emergencia de la cartera del Interior y, en otros casos, también con el 6% de fondos regionales para seguridad ciudadana, deporte y cultura.

El subsecretario, junto con detallar los porcentajes por región, indicó que la cifra global comprometida hasta el 30 de junio es de 61 mil millones de pesos.

Críticas parlamentarias

Tras la exposición, las diputadas Joanna Pérez (DC) y Daniella Cicardini (PS) cuestionaron esta política pública por las numerosas denuncias que han surgido en cuanto a las irregularidades en la compra de las cajas, como en el caso de la región de Arica, y los criterios de distribución que no siempre beneficiaron a las personas más vulnerables.

A ello, el personero respondió que el criterio y la adquisición de las cajas lo definía cada gobierno regional en un proceso descentralizado y que el Ministerio sólo tenía el control de lo que era financiado con los fondos de emergencia. Agregó que las contrataciones se realizaron a través de Mercado Público, sitio donde están las facturas disponibles y todas las operaciones del programa.

Al respecto, la presidenta de la comisión, Joanna Pérez, consideró insólito que se deba enviar oficios a todas las regiones para pedir información, ya que los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se informan a Interior y desde allí se debe coordinar la entrega de estos antecedentes.

Ante la respuesta del Subsecretario -que calificaron de insuficiente-, el grupo parlamentario decidió por 5 votos a favor y 4 en contra, enviar los antecedentes a la Contraloría General de la República, ya que se han enviado reiterados oficios solicitando información detallada y aún no tienen la información precisa.

Proyectos en materia electoral

En una segunda etapa de la sesión, la instancia aprobó, en forma unánime, la idea de legislar del proyecto que perfecciona la ley electoral vigente y fortalece la democracia (boletín 13.305), a través de la adecuación del padrón electoral y la utilización preferente de medios electrónicos respecto a la publicación y notificación de actos del Servicio Electoral.

Además, en relación a las mociones que modifican la ley de votaciones populares en materia de proclamación de candidatos electos al interior de pactos en elecciones parlamentarias (boletín 11.783)  y el que busca aumentar la representatividad en las elecciones de diputados y senadores (boletín 11.956), escuchó a la cientista política de la Universidad de Valparaíso, y que forma parte de la Red de politólogas, Javiera Arce.

La académica criticó, entre otros puntos, que se fije para la candidatura individual un umbral de 3% para ingresar y que el proyecto de ley se sustente sobre la base de conceptos que carecen de conexión como la desproporcionalidad y los umbrales de votación.