La Cámara aprobó la resolución 1173, que manifesta al Presidente de la República su molestia por las declaraciones referidas a la importancia del respeto a la Constitución y las leyes, en momentos en que se requiere unidad entre los poderes del Estado para abordar los efectos de la pandemia de Covid-19.
En el documento, se recuerda que el Jefe de Estado criticó la proliferación de mociones que, pudiendo estar bien inspiradas, son inconstitucionales porque no respetar las atribuciones que la Constitución otorga al Congreso Nacional y que los parlamentarios juraron o prometieron cumplir.
Luego de explicar la importancia del respeto a la Carta Fundamental, como si los parlamentarios la desconocieran, anunció la conformación de un grupo de exlegisladores, académicos y expertos para perfeccionar los criterios y procedimientos con que el Congreso determina la admisibilidad o inadmisibilidad de las mociones y proyectos de ley.
La resolución afirma que los proyectos cuya constitucionalidad se ha debatido son la respuesta del Poder Legislativo para remediar los graves problemas sanitarios, económicos y sociales que afectan a la mayoría de la población en estos tiempos de pandemia y a los cuales el Gobierno, no obstante gozar de las más amplias facultades que le otorga un régimen presidencialista, no ha dado solución.
En ese plano, se estimó que las declaraciones del Presidente de la República resultan inoportunas e impertinentes, situándose, en el límite de lo que la Constitución, que tanto pretende defender le permite, en términos de respeto a la autonomía del Congreso y la separación de poderes del Estado.
El texto de la/os diputada/os Giorgio Jackson (RD), Marcela Hernando (PR), Claudia Mix (Comunes), Luis Rocafull (PS), Raúl Soto (IND-PPD), Camila Vallejo (PC) y Daniel Verdessi (DC) recuerda al Mandatario que el Parlamento cuenta con regulaciones legales y reglamentarias para debatir y declarar la admisibilidad a la Carta Fundamental de los proyectos de ley.
En caso de no quedar conforme, puede presentar un veto o recurrir ante el Tribunal Constitucional para que ejerza el control preventivo sobre las leyes aprobadas por este Congreso, plantea la iniciativa.
Por último, el texto parlamentario -que sumó 79 votos a favor, 61 en contra y 8 abstenciones- reafirma que la única sede donde se debe discutir cualquier enmienda al proceso de declaración de admisibilidad de los proyectos de ley, es el Congreso Nacional.
