En el marco del estudio de la moción (boletín 13.378) que dispone medidas para apoyar la continuidad de los estudios de los alumnos del nivel superior, afectados económicamente por la pandemia de Covid-19, la Comisión de Hacienda escuchó a diversos personeros y organizaciones.
En primer término, intervino Federico Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo, quien planteó que los ingresos por concepto de aranceles representan, en promedio, un 88% para los planteles privados de educación superior. Además, mencionó que en el primer semestre de este año se matricularon 10 mil alumnos menos respecto de 2019, por lo que estima que el impacto del proyecto de ley será significativo.
Para Magdalena Vergara, directora ejecutiva de “Acción Educar”, el proyecto en trámite crea incertidumbre, ya que no se entiende quiénes serán acogidos por sus normas. Consideró que, a lo anterior, se suma que el hecho que la imposición de no aplicar sanciones por el no pago sea muy amplia, generando incentivos a la no cancelación.
La personera afirmó que la iniciativa atenta contra la libertad constitucional de enseñanza y pone en riesgo entre el 19 y el 53% de los ingresos de las instituciones de educación superior (IES), lo que podría conducir a muchas a la quiebra.
Rubén Covarrubias, rector de la Universidad Mayor, explicó que, desde el pasado 15 de marzo, el 100% de sus actividades académicas se transformaron en telemáticas con el desarrollo de más de 5 mil aulas virtuales.
Respecto del proyecto, coincidió con los anteriores en que es claramente inconstitucional porque irroga gastos, al tiempo que sostuvo que las IES ya están aplicando la mayoría de sus disposiciones. Además, mencionó que el margen de excedentes de los diversos planteles oscila solo entre 1 y 2%.
El presidente de la Red de Centros de Formación Técnica (CFT) Estatales, Rodrigo Jarufe, indicó que, de los quince centros, solo 10 están funcionando, lo que representa a cerca de 3.500 estudiantes. De ese total, un 75% de los alumnos está con gratuidad.
Agregó que los CFT desean modificar la ley que los rige para poder, al igual que las IES y los institutos profesionales (IP), acceder a donaciones de instituciones privadas. Por último, pidió a la Comisión Ingresa tener un rol en el cobro de las deudas.
Otras opiniones
La FECH, en voz de su presidenta Emilia Schneider y de Miguel Astudillo, encargado de la División de Estudios Superiores, explicó que la deserción de alumnos tendrá efectos a futuro y recordó que la mayoría de los hogares destina hasta un 73% de sus ingresos, al pago de aranceles. En ese sentido, el proyecto de ley entrega un mandato y políticas que han estado ausentes por parte del Ministerio de Educación (Mineduc).
Juan Manuel Zolezzi, rector de la Universidad de Santiago y vicepresidente del CRUCH, detalló que su objetivo es dar continuidad a los estudios de los 350 mil alumnos de las treinta casas de estudio que agrupan. En ese plano, dijo que han implementado una serie de medidas, como facilidades de pago y mayores becas.
En términos de cifras, indicó que solo por concepto de aranceles han recibido a junio de este año, 94.760 millones de pesos menos.
Por último, informó que han calculado que el impacto financiero del proyecto de ley en trámite, representará una disminución de ingresos por 160 mil millones de pesos.
En tanto, la vocera de la Confech, Catalina Magaña, señaló que el proyecto ayudará a solventar la educación en tiempos de pandemia y de crisis que, además, requieren de una gran inversión estatal.
Recordó que los aranceles universitarios son muy altos y que, idealmente, se debiera extender la gratuidad a todo el mundo estudiantil. Finalmente, mencionó que el alumnado, en general, estima que la educación que están recibiendo a partir de marzo, es de peor calidad.
El último expositor en la Comisión de Hacienda fue Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior, quien precisó que el 91% de las IES representa un 95% de las matrículas. También, cifró el costo del proyecto de ley en 132 millones de dólares, lo que, a su juicio, reitera su inconstitucionalidad.