La Comisión de Constitución continuó con la discusión y votación en particular del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos (boletines 13.204 y 13-205).
La iniciativa apunta a la generación de un sistema de determinación de penas privativas de libertad adecuado al tipo de criminalidad de que se trata; reforma en general al sistema de consecuencias pecuniarias y de inhabilitación vinculada a la criminalidad económica; perfecciona el régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas; y perfecciona y complementa el derecho penal económico sustantivo.
La Comisión, instancia que preside el diputado Matías Walker (DC), retomó el debate del proyecto con el tratamiento y aprobación del artículo 15, relativo a las circunstancias agravantes en delitos económicos.
El artículo indica, entre otros puntos, que la culpabilidad elevada será establecida siempre que el condenado haya participado activamente en una posición intermedia en la organización en la que se perpetró el delito. Define, además, que se entenderá por posición intermedia cuando se ejerza un poder relevante de mando sobre otros de la misma organización, sin estar en una posición jerárquica superior.
Otras condicionantes son que el condenado haya ejercido abusivamente autoridad o poder al perpetrar el hecho y que hubiese sido sancionado previamente por perpetrar un delito económico.
El grupo legislativo también avanzó en la votación y aprobación del artículo 16, sobre las agravantes muy calificadas en los delitos económicos; el artículo 17, sobre los efectos de las atenuantes en caso de agravantes; y llegó hasta al artículo 18, sobre determinación judicial de la pena.
El debate de la iniciativa, que contó, como ha sido habitual, con la participación de distintos expertos en la materia, se continuará en una próxima sesión con el análisis de las penas sustitutivas de los delitos económicos.
