La Comisión de Constitución se reunió vía remota y presencial para analizar el proyecto que modifica la Ley 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, para sancionar a quienes incrementen el precio de determinados bienes o comercialicen aquellos que están destinados a su distribución gratuita, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional, o situaciones de alerta sanitaria o emergencias similares (boletín 13.424).
El objetivo principal de la propuesta es establecer penas que sancionen a quienes, luego de la declaración de un estado de excepción, aumenten injustificadamente el precio de los bienes y servicios de primera necesidad, cobrando un 20% o más del precio que poseían dichos bienes al momento de la declaratoria de estado de excepción y, en el caso específico del estado de catástrofe, con anterioridad al desastre natural o a la declaración de alerta sanitaria.
Para lo anterior, se entenderá como bienes de primera necesidad los referidos a alimentación, higiene, materiales de construcción, combustible, medicamentos o insumos médicos, entre otros.
En la jornada, la instancia recibió, vía telemática, a José Luis Uriarte, asesor del Ministerio de Economía, quien señaló que, posiblemente, fijar los precios no sería la mejor alternativa para poder compatibilizar que exista disponibilidad de los distintos bienes y que esto sea a un precio justo.
En ese contexto, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), uno de los autores de la moción, señaló enfáticamente que el proyecto no fija precios, sino que sanciona su especulación “cuando se hace de manera ilegítima, con la intención de subirlos a un valor que no corresponden a la realidad, en base a los aumentos de los costos, y pone un piso de ese aumento en un 20 % para poder investigar tal situación”.
Además, planteó incluir una indicación donde se entregue a la Fiscalía Nacional Económica las querellas de estas sanciones y no en la justicia ordinaria, ya que considera que es el organismo indicado para investigar la ilegitimidad.
La diputada Pamela Jiles (PH) señaló que este es un proyecto que está muy bien elaborado y es muy urgente, debido al abuso generalizado que se ha producido durante el periodo de la pandemia, con productos como las mascarillas y los alimentos básicos. En este plano, señaló que lo va a aprobar “ con entusiasmo”.
Finalmente, la Comisión acordó votar en general y en particular el proyecto en la próxima sesión.
