Por 109 votos a favor, uno en contra y 26 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó la resolución 725, que solicita al Presidente Sebastián Piñera presentar un proyecto de ley o indicación al proyecto de Modernización Tributaria, que modifique el decreto sobre Impuestos a la Venta y Servicios, incorporando la posibilidad de que las facturas puedan ser declaradas como no emitidas cuando estas estén relacionadas a operaciones denunciadas como estafa.
La iniciativa fue promovida por los diputados José Miguel Castro (RN), Pablo Lorenzini (DC), Ramón Galleguillos (RN), Pablo Prieto (IND), Leopoldo Pérez (RN), Cristóbal Urruticoechea (RN) y Patricio Melero (UDI), junto a las diputadas Sofía Cid (RN) y Ximena Ossandón (RN).
En el documento se pone como ejemplo lo ocurrido en enero y mayo de 2019, cuando el Grupo CAP detectó el uso malicioso de su rut y de una filial para realizar órdenes de compras falsas, las que resultaron en múltiples pymes y otras empresas afectadas.
En el texto de la resolución se argumenta que, adicionalmente al perjuicio económico de los bienes involucrados, estas empresas estafadas están obligadas a pagar el IVA de la operación, pese a que, claramente, nunca percibieron pago alguno.
Las y los diputados promotores de la iniciativa explican que, actualmente, para compensar por el pago del impuesto y los bienes, se debe esperar a que el tribunal civil o penal establezca y cuantifique las responsabilidades, lo que puede tardar años, afectando los flujos de caja de las pymes e, incluso, poniendo en riesgo su funcionamiento.
Frente a esto, señalan que una alternativa para disminuir el efecto de una estafa en el funcionamiento de la empresa es la de impedir el uso del crédito fiscal, que da la factura recibida, por parte de la contraparte de la operación denunciada como estafa, mediante aviso del contribuyente de IVA al Servicio de Impuestos Internos.
Aseguran que la mayor ventaja de no otorgar crédito fiscal a facturas involucradas en operaciones de estafa es que limita el impacto que estas tienen en el funcionamiento de la empresa. Esto es particularmente importante para las pymes que manejan bajos saldos de caja que dificultan hacer frente al pago de IVA cuando no hay un pago del comprador.
