A espera de una propuesta concreta del Ejecutivo quedará pendiente el tratamiento en particular, en la Comisión de Educación, del proyecto que dispone la suspensión del cobro de aranceles y derechos de matrícula y similares, por parte de instituciones de educación superior, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, con ocasión de la pandemia de Covid-19 (boletín 13378).
La moción fue aprobada previamente en su idea de legislar, no sin antes generar un profundo debate por parte de las casas de estudios y el Ejecutivo, los que dieron a conocer su negativa al texto legal.
Desde ambas tribunas, manifestaron que se trataba de un proyecto inadmisible por abordar materias propias del Ejecutivo. Se apuntó a las pérdidas económicas que provocaría en los planteles un proyecto de tal impacto y se argumentó que un gran porcentaje de las instituciones de educación superior se han adaptado y han sido flexibles ante esta situación con los alumnos.
En este contexto, la votación en particular de la normativa, a la que se le presentaron 14 indicaciones, será realizada el próximo martes 12 de mayo, conforme a la decisión de los legisladores de esperar a que el Gobierno entregue medidas relativas al tema.
“Postergamos la votación para el próximo martes, principalmente, para tener un acuerdo con los diputados de Chile Vamos y que este sea un proyecto transversal para avanzar de manera más rápida, pero también para que el Gobierno pueda indicarnos cual va hacer su aporte en relación a la situación que van a vivir muchos estudiantes de educación superior, respecto de tener que pagar sus matriculas y sus aranceles”, explicó la presidenta de la instancia, diputada Camila Rojas (Comunes).
Por su parte, el diputado Jaime Bellolio (UDI) solicitó al Ejecutivo que los estudiantes puedan postular nuevamente a los beneficios que ya existen, como las becas, los créditos y la gratuidad, tomando en consideración la situación económica actual y no la de enero o febrero, que fue la que se postuló a través del Fuas (Formulario Único de Acreditación Socioeconómica).
“No queremos que ningún estudiante se vaya de la institución por problemas económicos transitorios de una pandemia y que, finalmente, se conviertan en un impacto permanente. Del mismo modo, que el atraso del pago de una mensualidad, por ejemplo, signifique multas por mora”, recalcó el parlamentario.
Para el legislador, estos son elementos son muy distintos a como estaba el proyecto originalmente planteado, “que establecía la suspensión del pago por tres meses y eso hacia imposible la continuidad de muchos proyectos educativos”.
