Por 8 votos a favor y 4 abstenciones, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó en general el proyecto de ley que busca modernizar la gestión institucional de Carabineros, fortaleciendo la probidad y transparencia de las fuerzas de orden y seguridad pública (boletín 12.250).
La iniciativa del Ejecutivo, que recoge principalmente los aspectos administrativos de la modernización institucional, relativos a la gestión de las policías, fue sometida a consideración de la instancia que recibió al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien en su exposición defendió el proyecto del Gobierno.
Al respecto, el diputado Osvaldo Urrutia (UDI) precisó que esta norma surgió como respuesta a los fraudes que se conocieron al interior de la institución, proyecto que debe ser aprobado porque corrige falencias administrativas y de mecanismos de control hoy existentes.
Sin embargo, el debate también estuvo centrado en el respeto a los derechos humanos en el marco de la actuación policial, tal como lo planteó el presidente de la instancia, diputado Miguel Ángel Calisto (DC). Sostuvo que es necesario avanzar también en este ámbito y anunció que procurarán hacer cambios en esa línea por la vía de las indicaciones.
El proyecto, que deberá ser analizado ahora en particular, dispone la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo Policial, para un período de ejecución de ocho años, actualizable cada cuatro, que será aprobado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública y puesto a disposición del Congreso Nacional.
Dicho plan tendrá por finalidad definir los objetivos institucionales durante su vigencia, determinar la distribución de los recursos humanos y material de la institución para su consecución; los mecanismos necesarios para su actualización; y la evaluación del cumplimiento de sus objetivos.
Adicionalmente, entre otros aspectos, la norma crea un sistema de evaluación de los protocolos y procedimientos del resultado de la gestión policial. Al respecto, se instituye la creación de mecanismos y sistemas de control externo e interno, con el objetivo de supervigilar y controlar a las instituciones ante excesos o abusos en el ejercicio de sus funciones; o prevenir y controlar las faltas a la probidad funcionaria y las infracciones e incumplimientos a los reglamentos de conducta o disciplinarios.
