Comisión de Desarrollo Social despachó proyecto que crea ingreso familiar de emergencia

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Tras una extensa jornada de trabajo, la Comisión de Desarrollo Social aprobó y despachó a su par de Hacienda el proyecto de ley, originado en mensaje, que crea un ingreso familiar de emergencia, a consecuencia de los efectos económicos que está generando la pandemia del Covid-19 (boletín 13461).

La iniciativa, que ahora será abordada en lo que respecta a los artículos financieros, entrega un ingreso familiar de emergencia a aquellos grupos familiares cuyos ingresos dependen de fuentes informales y, por tanto, no pueden acceder a los beneficios de otras normativas, como la ley de protección al empleo.

Este beneficio se focalizará en los hogares del 90% más vulnerable de la población nacional de acuerdo a la Caracterización Socioeconómica considerada en la Ley 20.379 y que pertenezcan al 60% de la población más vulnerable, conforme al indicador socioeconómico de emergencia, instrumento que será elaborado por la Subsecretaría de Evaluación Social.

El presidente de la Comisión, diputado Boris Barrera (PC), recalcó que las medidas que contempla la iniciativa son insuficientes, tanto en el monto como en la cobertura.

“Creemos que hay posibilidades de crecer un poco más, pero el Gobierno en la discusión se cerró completamente a todo”, afirmó el parlamentario.

En ese contexto, agregó que la Comisión rechazó algunos artículos, por lo que espera que en Hacienda y en la Sala se pueda ir en la misma línea.

“Queremos que este beneficio se otorgue a muchas más personas y con montos realmente considerables, que ayuden a las personas a no salir de sus casas, porque los montos máximos están, incluso, bajo de la extrema pobreza, por lo tanto, si queremos que la gente no salga de su casa tenemos que darle los recursos necesarios, argumentó el legislador.

El proyecto plantea un costo fiscal de aproximadamente 300 millones de dólares mensuales, por lo que desde el Gobierno se estima que el bono podría beneficiar a 1,7 millones de hogares del país, con una población potencialmente beneficiada de 4,3 millones de personas.