Fortalecer la investigación y persecución de carteles, así como aumentar la pena para aquellos casos de colusión que afecten bienes o servicios de primera necesidad, son los objetivos del proyecto (boletín 13312) que estudia la Comisión de Economía y respecto del cual expusieron los titulares de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Ricardo Riesco, y del Ministerio Público, Jorge Abbott.
El fiscal nacional económico entregó un listado de las nuevas herramientas que plantea la propuesta legal, donde se incluye el levantamiento del secreto bancario, la solicitud de almacenamiento de las comunicaciones de los investigados, sanciones a quienes obstruyan la investigación y nuevas figuras.
“Entre otras cosas, lo que hace este proyecto, junto con entregarle herramientas adicionales a la FNE, es crear la figura del denunciante reservado, que es una figura que, en cierta forma, ya existe en nuestra legislación. Pero lo que ahora se busca es asegurar que la persona que aporta antecedentes a la Fiscalía o denuncia una colusión, su identidad nunca sea revelada, ni por la FNE ni por las distintas entidades que posteriormente participan en la persecución de las colusiones”, aclaró.
Asimismo, señaló que este proyecto también eleva la sanción de cárcel para aquellos casos en que la colusión recaiga sobre bienes y servicios de primera necesidad.
Sanciones duras y efectivas
Riesco informó que, entre 1959 y 2003, no hubo juicios penales, ni la aplicación del máximo de las multas para los infractores. Resaltó que la persecución de carteles fue facilitada realmente por medio de las reformas legales de 2009, con la incorporación de nuevas herramientas intrusivas; y de 2016, con la reincorporación de la sanción penal (Ley 20.945).
Sostuvo que el actual ordenamiento legal contempla sanciones duras y efectivas, tanto en materia penal, donde se presenta un rango de penas que van desde los tres años y un día a diez años; como en lo administrativo, con multas que implican hasta el doble del beneficio económico obtenido o hasta el 30% de las ventas del bien o servicio involucrado en la colusión, durante todo el periodo en que esta se mantuvo. En su defecto, se aplica un piso supletorio de 60 mil UTA.
Remarcó que la FNE no ha dudado en solicitar las máximas sanciones y refutó que se hable de una suerte de ”inefectividad” de la acción persecutoria. “En los últimos diez años, la FNE ha perseguido a más de 200 personas naturales y jurídicas. Salvo una excepción, siempre los fallos han sido favorables”, resaltó.
Agregó que, en dichos casos, se impusieron las máximas multas dando como resultado más de 130 mil millones de pesos en beneficio fiscal, sin contar las indemnizaciones por perjuicio.
Consultado por la acción penal, dijo que los casos estudiados son complejos y requieren de tiempo para la recolección de pruebas. Recordó que la norma lleva poco más de tres años vigente y afirmó que la FNE se encuentra estudiando casos y que espera hacer uso de dicha sanción en el corto plazo.
Acción penal
Jorge Abbott dijo compartir las motivaciones y los lineamientos del proyecto de ley, al propiciar más y mejores herramientas para la FNE en pro de la persecución administrativa de los carteles. “La libre competencia es un bien jurídico que debemos cautelar con severidad”, planteó.
Sin embargo, puso un punto de controversia al defender la necesidad de instalar la acción penal en el Ministerio Público. “No es posible que este tipo de conductas tengan un tratamiento privilegiado respecto de otros delitos”, resaltó.
Criticó que ni siquiera tienen la posibilidad de forzar una investigación por medio de querellas y recalcó que solo les resta esperar (de cuatro a cinco años con la posible pérdida de pruebas que ello posibilita) a que haya un fallo condenatorio por la vía administrativa y que el fiscal nacional económico opte por iniciar una acción penal, decisión que, de ser negativa, no es apelable ante ningún organismo o autoridad.
La postura fue compartida en la sesión por varios legisladores, particularmente por el hecho que, a la fecha, aún no existe un condenado por acción penal por el delito de colusión.
“Nosotros hemos considerado importante que también en la persecución vaya la parte penal, no solo lo administrativo y, también, hacerlo mucho más accesible, más fácil (…). El fiscal nacional del Ministerio Público cree que es conveniente… considera que no es adecuado que el fiscal de la FNE, que ve la parte administrativa, también tenga que ver la parte penal”, comentó el presidente de la Comisión, diputado Pedro Velásquez (IND).
Ricardo Riesco recordó que esta materia no está contemplada en el proyecto de ley y de manera enérgica refutó la propuesta de Jorge Abbott.
Señaló que los fundamentos técnicos de mantener la acción penal en la FNE dicen relación con la complejidad de los casos y la expertiz requerida para su seguimiento; la ineficacia de impulsar investigaciones paralelas y la complejidad de fallos disímiles entre la causa administrativa y la penal; y la posibilidad de que se afecte la figura de la delación compensada.
A estos argumentos, Jorge Abbott sostuvo que en un Estado donde hay igualdad ante la ley no deben mantenerse “privilegios diferenciados” y refutó que la delación compensada pueda verse afectada, ya que podría funcionar tanto en un marco como en el otro. Asimismo, desestimó la complejidad de que existan fallos distintos e indicó que, perfectamente, ambas instituciones pueden trabajar de manera colaborativa en este ámbito.
La Comisión continuará en una próxima sesión analizando con representantes de las asociaciones de consumidores esta iniciativa, teniendo a la vista su calificación de urgencia suma, lo que implica un plazo máximo para su tratamiento de quince días.
