Con la especial participación del ministro de Economía, Lucas Palacios, la Comisión del ramo inició el estudio del proyecto que fortalece la investigación y persecución de carteles y aumenta las penas para aquellos infractores de casos más sensibles para la población (boletín 13312), propuesta que cuenta con calificación de urgencia de “suma” (quince días para el trámite).
El secretario de Estado informó que la iniciativa presenta cuatro pilares o ejes centrales:
- Nuevas herramientas para la persecución de carteles.
- Aumento de penas.
- Creación de una nueva figura para facilitar la denuncia.
- Modificaciones generales para fortalecer accionar de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Respecto del primer punto, resaltó que la idea es contar con herramientas para abordar delitos que suelen ser muy “sofisticados” en su perpetración. Destacó que solo podrán solicitarse en casos graves y calificados y requerirán de la aprobación previa del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC). Además, se precisará de autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Especificó que, en este marco, se contemplan medidas intrusivas, como sería ordenar la fotografía o filmación de imágenes conducentes al esclarecimiento de los hechos. Asimismo, se podrá disponer la grabación de comunicaciones entre personas presentes. También se sancionará el entorpecimiento de diligencias, así como la destrucción de evidencia.
Penas y Denuncias
Sobre el segundo eje, comunicó que, a la pena vigente por colusión, se agrega una agravante que se aplicará en casos de bienes y servicios de primera necesidad. Remarcó que esta sanción impondrá un marco rígido en que el piso será de cinco años y un día, sin posibilidad de aplicarse penas sustitutivas ni reducción por atenuantes, y un máximo de diez años.
Consultado por los integrantes de la Comisión, el ministro reconoció que existe una dificultad a la hora de distinguir cuáles son los bienes y servicios incluidos en este marco. Sin embargo, adelantó que en el proyecto se entrega una definición sobre la materia.
Lucas Palacios indicó que el tercer pilar es la creación de la figura del “denunciante reservado”. Dicha persona deberá identificarse ante las autoridades, pero se tendrá que guardar completa reserva de su identidad, si así se solicita.
El secretario de Estado aclaró que el denunciante deberá entregar una denuncia fundada con el propósito de identificar la existencia de un cartel. En caso de presentar antecedentes falsos o fraudulentos, se arriesgará una pena que va entre los 61 días a tres años.
Fortalecimiento institucional
Respecto del cuarto eje, señaló que el proyecto busca fortalecer a la FNE con la introducción de un nuevo cargo destinado a verificar el cumplimiento de sentencias y resoluciones del TDLC y la Corte Suprema. Además, se entrega la facultad al fiscal nacional económico de solicitar diligencias a Carabineros de Chile, hoy limitadas a la Policía de Investigaciones.
Asimismo, se entrega a la FNE la facultad de solicitar a las empresas de telecomunicaciones que se genere un respaldo de los datos de personas sujetas a investigación. También se permite que el organismo comunique válidamente a las empresas extranjeras que operen en Chile, por ejemplo, respecto de resoluciones dictadas en los procedimientos que persiguen imponer sanciones a quienes no responden requerimientos de información o lo hacen parcialmente.
Por último, se sanciona con una multa a beneficio fiscal (de hasta 2 UTA por cada día de atraso) a aquellos funcionarios que injustificadamente no respondan, o respondan solo parcialmente, un requerimiento de información del fiscal nacional económico. Esto, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan.
Reacciones
La sesión contó con una activa participación de los integrantes de la Comisión, ya fuera presencial o telemáticamente, debate en el cual se pudieron presentar las diversas inquietudes. “Le hemos hecho ver al ministro que hay ciertas situaciones que están quedando afuera y que esperamos que eso sean modificaciones que se vayan a incorporar o indicaciones que vamos a hacer”, indicó el presidente de la Comisión, diputado Pedro Velásquez (IND).
Informó que también se le pidió al Gobierno que tenga una real preocupación respecto de algunos productos vendidos en los supermercados y en las farmacias, cuyos valores han aumentado casi en un 400 a 500%. Asimismo, dijo que solicitaron requisar productos que se están vendiendo en la calle, que no cuentan con la calificación de calidad necesaria.
Para el diputado Miguel Mellado (RN), la iniciativa va en la línea correcta, subiendo las penas para los infractores e incorporando nuevas herramientas para la persecución criminal, como la mencionada figura del denunciante reservado.
“Ahora hay la figura del informante, que no estaba antes y creo que es una gran figura en la ley que hay que colocar rápido, porque le dijimos al ministro, usted va en estos momentos a la farmacia y las mascarillas o el alcohol gel subió de dos mil pesos a 20 mil el litro. Eso es prácticamente un robo. Entonces, no puede ser que en todas las farmacias sea lo mismo, o sea, hay colusión y ahí falta un informante que nos diga si efectivamente es así o no”, planteó.
Cabe señalar que la Comisión seguirá analizando este tema el próximo lunes, para lo cual se espera contar con el testimonio del Ministerio Público y del fiscal nacional económico.
