Los y las diputados/as de la Comisión de Constitución, en sesión remota, continuaron el análisis del proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil (boletín 11.174).
El texto, que ya fue aprobado en general por los integrantes del órgano técnico de la Cámara, introduce también modificaciones a la Ley 20.084, sobre responsabilidad penal adolescente.
En la reunión, escucharon vía telemática al subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, y a los representantes de la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz; y de la Unicef, Paolo Metalopulos y Ludmila Palazzo.
Estos últimos señalaron a los parlamentarios/as que la aprobación de la norma es urgente, pues responde al compromiso del Estado chileno de adoptar todas las medidas administrativas y legislativas para dar efectividad a los derechos de la niñez y adolescencia, asumido voluntariamente al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño.
Destacaron, además, el enfoque de reinserción social del adolescente junto a su familia en todo el proceso. Para ellos, incluir al núcleo parental es una innovación que va en el sentido correcto. También valoraron los diversos niveles de especialización que crea el nuevo servicio.
Por su parte, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, compartió el diagnóstico del Ejecutivo sobre que el actual diseño administrativo y el paradigma de intervención requieren ser modificados (Sename). En ese sentido, apoya con fuerza la intención de avanzar hacia un sistema que profundice la implementación de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y, en especial, de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Muñoz reiteró que la discusión de fondo debe tener como eje central los derechos humanos, pues ello significará asegurar la responsabilidad del adolescente que ha infringido la ley penal, posibilitando su reinserción social en condiciones que sean consistentes con sus derechos fundamentales, considerando su autonomía y desarrollo como sujeto de derechos.
Ante las preguntas formuladas por los/as legisladores/as sobre la dependencia del nuevo Servicio, el subsecretario Sebastián Valenzuela explicó que, por la naturaleza del Ministerio de Justicia y Derechos Humano, es a ella que le corresponde la supervisión del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
El representante del Ejecutivo también aclaró que, en el transcurso de la discusión particular, se analizarán los temas que generen dudas.
Finalmente, el presidente la de la Comisión, diputado Matías Walker (DC), por la urgencia del proyecto, se comprometió a ponerlo prontamente en tabla para continuar con su debate.
Contenido del Proyecto
En esencia, el texto legal crea un nuevo organismo para los jóvenes infractores de ley que viene a reemplazar al actual Servicio Nacional de Menores en esta materia.
La futura ley, hoy en segundo trámite constitucional y con calificación de suma urgencia (quince días para realizar el trámite), incorpora mayor especialidad en los actores que participan en todo el proceso de un joven que ha cometido un delito, lo cual permitirá una intervención conforme a la edad del adolescente. La norma será aplicable desde los 14 años hasta un día antes de cumplir los 18.
Según datos entregados por el Ejecutivo en sesiones anteriores, se calcula que la implementación del nuevo servicio implicará un gasto permanente superior a los 146 mil millones de pesos anuales.
