“La solución no puede consistir en un mayor endeudamiento de las familias”, señalaron en su presentación por video conferencia las voceras de la Confech, Catalina Magaña y Natalia García, ante la Comisión de Educación, en el marco del análisis del proyecto que pretende suspender del cobro de aranceles por parte de instituciones de educación superior, durante la vigencia del estado de excepción por la pandemia de Covid-19 (boletín 13.378).
Desde la agrupación de estudiantes, señalaron que cualquier medida que se tome debe extenderse por todo el año académico 2020. Además, recalcaron la necesidad de que el Estado inyecte recursos para así no afectar el funcionamiento de las universidades, ni la reducción de sus trabajadores, esto junto con que se tomen las acciones necesarias para evitar el quiebre de los centros de estudio privados.
Conforme destacaron, las instituciones de educación superior también deben asumir un compromiso para con la sociedad, el cual debería estar relacionado con el desarrollo de investigaciones y propuestas en pos de superar la crisis sanitaria, como una posible recesión económica que pudiese llegar a experimentar el país, tanto por las problemáticas internacionales, como las nacionales.
“Las universidades y sus estudiantes no solo pueden generar insumos para sus propias academias, sino que hoy deben cumplir un rol social fundamental, el cual, es el aportar en la superación de las crisis sociales actuales y por venir”, se sentencia en el documento presentado.
Situación de las universidades
También por videoconferencia, el presidente del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH), Ennio Vivaldi, señaló que la crisis del Covid-19 pone en evidencia, una vez más, que estas casas de estudio son especialmente sensibles a las dificultades que enfrentan sus estudiantes.
Frente a esto, en su exposición señaló que, por su carácter público, estas instituciones debiesen contar con una estructura de financiamiento que mantuviese a sus estudiantes resguardados de estas contingencias. En tanto, detalló que las instituciones han desplegado una serie de becas y apoyos económicos para sus estudiantes y docentes.
El rector destacó que, dada la estructura del sistema de educación superior y su financiamiento, se pondría en serio riesgo la sustentabilidad de las universidades estatales si ellas no tuvieran acceso a los recursos provenientes de los aranceles. Sin embargo, aseguró que, por las vías que les sean posibles, siempre privilegiarán la continuidad académica de sus estudiantes y, en ningún caso, la sujetarán o subordinarán al cumplimiento de obligaciones económicas.
Una línea similar sostuvo el vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), Aldo Valle, quien, tal como lo había comprometido en su anterior participación en la Comisión, entregó antecedentes del Informe del CRUCH sobre el proyecto en discusión.
En su exposición, señaló que, durante 2019, las universidades tuvieron cerca de 32 mil millones de pesos menos en ingresos. El escenario 2020 comenzó también a la baja, con una reducción de un 10% de matrícula, lo que significan alrededor de 17 mil 500 millones de pesos menos y hasta la fecha se registra una caída de más de 62 mil millones de pesos en aranceles.
Frente a este escenario, proponen reconsiderar el proyecto en debate y permitir la ejecución de medidas focalizadas, mirando a otros instrumentos de la política pública de financiamiento estudiantil, como por ejemplo, derogar el artículo 108 de la ley Sobre Educación Superior en relación a la pérdida de la gratuidad y solicitar al ministerio de Educación levantar un nuevo proceso de ayudas estudiantiles.
Subsecretario de Educación Superior
Por su parte, Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior, entregó antecedentes de la minuta que hizo llegar a la instancia con el catastro de acciones de instituciones de educación superior por la emergencia del Covid-19.
De acuerdo a la información entregada, a la fecha, del 79% de las instituciones (115 planteles, equivalentes al 95% de la matrícula total de pregrado) que entregaron datos sobre las medidas tomadas ante la crisis, un 95% (105) está tomando medidas para flexibilizar los pagos de aranceles, un 39% (45) señala considerar la condonación de intereses y un 41% estaría entregando becas de conectividad.
Frente a este escenario, el diputado Rodrigo González (PPD), integrante de la Comisión, señaló que es “el Estado, a través del Gobierno, quien tiene que dar una respuesta para que el no cobro de los aranceles no signifique el quiebre de las universidades”.
“Aquí hay intereses comunes, no son intereses contrapuestos entre los estudiantes y las universidades. Si las universidades no tienen los recursos para poder financiarse no van a poder funcionar y eso también es un fracaso para los estudiantes. Y si lo estudiantes no pagan los aranceles, las universidades no pueden funcionar. Y este problema lo tiene que solucionar el Gobierno, el Estado”, enfatizó.
