Con la aprobación de un amplio marco de indicaciones promovidas por la oposición, se despachó desde la Comisión de Trabajo de la Cámara el proyecto, en segundo trámite, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley 19.728, en circunstancias excepcionales, como sería el presente caso de pandemia por el Covid-19 (boletín 13352).
El grupo parlamentario se había convocado originalmente para sesionar entre las 10:00 y las 12:00 horas, sin embargo, la extensión del debate y la votación en particular de las indicaciones obligó a una extensión del horario hasta las 17:19 horas.
La propuesta legal, ingresada por el Ejecutivo y ya aprobada por el Senado, se fija como meta proteger el empleo y la situación de los trabajadores por medio de medidas transitorias, por ejemplo, en materia de pactos de reducción temporal de jornadas de trabajo y para fortalecer el seguro de cesantía, disminuyendo requisitos de acceso y fortaleciendo beneficios, entre otros puntos.
En el debate, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, acompañada por el subsecretario Fernando Arab, explicó que el proyecto tendrá un costo fiscal de dos mil millones de dólares, que vendrán a fortalecer el Fondo de Cesantía Solidario, al cual se recurrirá una vez que se extingan los recursos de las cuentas individuales que esta ley autorizaría a utilizar a los empresarios para mantener los salarios de sus trabajadores, frente a situaciones muy específicas detalladas en el texto.
Informó, además, que las medidas beneficiarían a los trabajadores del sector privado que cotizan en el seguro de cesantía y a las trabajadoras de casa particular, universo que alcanzaría a cerca de cinco millones de personas.
Votación y debate
La idea de legislar se aprobó por diez votos a favor y tres abstenciones, en tanto que el articulado se fue ratificando en un proceso que incluyó la aprobación de múltiples enmiendas, impulsadas desde la oposición. Entre las materias incorporadas estuvo el privilegiar el uso del citado Fondo para los trabajadores de clase media y de menores recursos, de modo de no extinguir los dineros de sus cuentas individuales.
Sobre el punto, el Ejecutivo explicó que ello iría en contra de los mismos trabajadores, ya que en el proyecto se establece que el uso de los dineros de las cuentas individuales por parte del empleador, en caso incurrir en despidos, lo obligará a pagar las indemnizaciones del caso. En este plano, el incentivo es a mantener el empleo. Además, se sostuvo que sería una medida que perjudicaría a quienes tengan salarios menores y agotaría con mayor rapidez los recursos del Fondo.
Otro aspecto ampliamente debatido y que fue objeto de algunas de las indicaciones es la situación de los trabajadores a honorarios, que el proyecto despachado por el Senado no considera.
Al respecto, el Ejecutivo dijo que se están buscando alternativas para este grupo de trabajadores, que hoy no cotizan en el seguro de desempleo y que, por tanto, no podrían hacer uso del Fondo ni del sistema en sí. Pero, al no haber un compromiso explícito exigido por la oposición, concretamente, la firma de un protocolo de acuerdo político, no se llegó a consenso sobre el tema.
Vale mencionar que, respecto de gran parte de las indicaciones aprobadas se dejó reserva de constitucionalidad por parte del Gobierno y de los diputados oficialistas, apelándose a su inadmisibilidad. Se espera que ello pueda ser revisado en la Comisión de Hacienda o, en su defecto, cuando sea visto en la Sala.
