Tras una extensa votación, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado, en segundo trámite, el proyecto de ley sobre acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y de protección (boletín 2809).
La iniciativa, que ya había sido aprobada en general en 2008, corrige una situación que se extiende hace años y es que acciones constitucionales estén reguladas por la Corte Suprema y no por la ley, que es lo que en derecho corresponde.
El texto, que fue analizado por las comisiones unidas de Constitución y Derechos Humanos, regula el procedimiento judicial al que debe sujetarse la tramitación de las garantías o acciones encaminadas a hacer efectivos los derechos fundamentales asegurados en la Constitución Política, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Asimismo, establece principios comunes aplicables a las acciones constitucionales, como los principios de dirección judicial, de impulso oficioso, de economía procesal, de concentración, de preferencia y de no formalización, a todos los cuales habrá de recurrir el tribunal al tramitar y fallar estos procedimientos.
Por otra parte, la moción regula la acción de amparo u habeas corpus, como una garantía reconocida a toda persona, sin distinción alguna, para obtener que la jurisdicción haga efectivo su derecho a la libertad personal y a la seguridad individual en sus diversas manifestaciones, como es su derecho a la integridad física y psíquica, cuando cualquiera de estos derechos resulte desconocido o perturbado, vulnerado o amenazado, sea por acción u omisión, por la autoridad particular, en los casos expresamente contemplados en la ley.
Con todo, resalta el documento, no será obstáculo para la tramitación y admisibilidad de la acción constitucional de amparo, que el acto u omisión que desconoce, perturbe, vulnere o amenace el derecho a la libertad personal o a la seguridad individual, provenga de un pronunciamiento adoptado por alguna Corte de Apelaciones.
Durante la votación, se rechazaron una serie de artículos propuestos por las comisiones unidas de Constitución y Derechos Humanos que fueron cuestionados, de hecho, durante el debate por diputados/as del oficialismo y que no alcanzaron el quórum especial de aprobación.
Algunos de los cuestionamientos versaron en la posibilidad que otorga el proyecto, de recurrir a los tratados internacionales ratificados por Chile, ya sea por amparo o protección.
