La Cámara de Diputados aprobó por 98 votos afirmativos, 34 negativos y 16 abstenciones, solicitar al Presidente de la República instruir al Ministerio de Agricultura, para establecer medidas preventivas y paliativas por las pérdidas que ha tenido la pequeña agricultura familiar campesina, principalmente en la región de Los Lagos, producto de los reiterados ataques de perros bravíos o asilvestrados al ganado ovino.
Lo anterior se traduce en poner urgencia al proyecto que modifica el Código Penal, para dejar exentos de responsabilidad en materia del delito de maltrato de animales a quienes deban matar a uno o más perros salvajes actuando en protección de ganado del cual son dueños o responsables.
Junto con ello, la resolución 328 pide otorgar las facultades necesarias al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), para hacerse cargo de los perros baguales; establecer de manera permanente el programa de perros protectores de ovejas; e instalar cercos de seguridad en los predios.
Además, se plantea efectuar los procesos de identificación de la masa ganadera ovina en regiones; profundizar la asistencia técnica en el manejo de buenas prácticas pecuarias, capacitación y difusión; y, desde el punto de vista paliativo, que la Dirección de Presupuestos destine los recursos suficientes para extender los seguros ovinos para personas naturales a otras regiones del país.
Finalmente, los diputados Alejandro Santana (RN), Bernardo Berger (RN), Gabriel Ascencio (DC) Gonzalo Fuenzalida (RN), Iván Flores (DC), Leopoldo Pérez (RN), Harry Jürgensen (RN) y Pedro Álvarez-Salamanca (UDI), piden enfrentar esta situación con una mesa de trabajo permanente entre el SAG, Indap, los servicios públicos competentes, organizaciones sociales y pequeños agricultores afectados por los ataques de perros asilvestrados.