En condiciones de pasar a la Sala quedó el proyecto que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios (boletín 9233), ello luego que la Comisión de Hacienda diera su aprobación unánime a la propuesta impulsada por el Gobierno.
La iniciativa se fija como objetivo promover la inclusión financiera, ampliando el acceso de las pymes y los emprendimientos al mercado de capitales. Asimismo, se propone promover la competencia en el mercado del crédito, disminuyendo los costos de financiamiento y contribuyendo, de esta manera, al crecimiento económico.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, explicó que esta bolsa hoy tranza cerca de 1200 millones de dólares y que la idea es poder ampliarla en forma importante hacia otros productos, otros tipos de bienes, contratos o cuotas de facturas, de tal manera de seguir expandiendo las oportunidades.
“Esto es darle acceso al crédito a las pymes de Chile y también hacer un esfuerzo especial por incluir a las microempresas y a los agricultores muy pequeños, a los campesinos, que tengan una fuente de financiamiento y también de custodia de sus productos, porque, lo que estamos permitiendo, es que la nueva bolsa pueda no solamente tranzar sino también custodiar productos y dar certificados que permitan a esos productores acceder a créditos del sector financiero en forma más barata”, especificó.
Datos específicos del proyecto
La propuesta, que ya cuenta con la aprobación de la Comisión de Agricultura (enero pasado), fue ingresada a trámite legislativo en 2014. Tras varios años de paralización, fue reactivada en marzo del año pasado por la actual administración de Sebastián Piñera y despachada del Senado a la Cámara de Diputados en noviembre de 2018.
Conforme a lo expuesto por el ministro Larraín, la iniciativa viene a modificar principalmente la Ley 19.220 que regula las Bolsas de Productos Agropecuarios. En lo principal, reemplaza todas las referencias hechas a la Superintendencia de Valores y Seguros por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); y define que las bolsas deberán tener gobierno corporativo, controles internos, gestión de riesgos y recursos adecuados para funcionar correctamente;
Además, modifica la definición de “productos” y los requisitos para que estos sean negociados en bolsa, de manera de incluir, no solo los agropecuarios y facturas, sino todo tipo de bienes, servicios, derechos y contratos; y se establecen nuevos requisitos para los corredores, tales como constituirse como sociedades anónimas, contar con gobierno corporativo y gestión de riesgos adecuada e idoneidad del personal.
Asimismo, se establece que el reglamento de cada una de las bolsas de productos deberá contener normas y procedimientos para sancionar las entidades certificadoras y para las transacciones de productos; y medidas que tengan por objeto promover y facilitar la participación de microempresas, pequeñas empresas, pequeños productores agrícolas y campesinos.
Luego, traspasa la obligación de llevar el Registro de Productos (llevado hoy por la CMF) y el Registro de Entidades Certificadoras (llevado hoy por el SAG) a las bolsas de productos, de manera de agilizar el proceso de inscripción.
Por último, se permite que la bolsa pueda custodiar productos, aunque ellos no sean transados; y emitir títulos representativos de cualquier clase de productos que tenga bajo su custodia.
