A fines de abril Patricia Muñoz era elegida por el senado para encabezar la nueva Defensoría de la Niñez. Con medio año en el cargo, concurrió a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios para explicar cómo ha sido el proceso de instalación y los desafíos que enfrentan.
La abogada fue enfática respecto a la urgencia por comenzar a generar políticas que reviertan la situación que se ha desarrollado en estos últimos 40 años, en que Chile ha violado permanentemente los derechos de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo que han señalado organismos internacionales.
El principal cambio: incluir en la toma de decisiones a quienes son los beneficiarios de estos derechos, es decir, a niños, niñas y adolescentes. Para esto solicitó la autorización a la Contraloría General de la República para incluir su representación en el consejo consultivo.
Muñoz explica que cuando se genera esta ley, “se habla siempre de las organizaciones, de la academia, donde sabemos que quienes están ahí son personas adultas. Lo que nosotros estimamos imprescindible es incluir la representación de quienes son los destinatarios finales de las funciones del organismo”, por lo que esperan que la Contraloría acoja esta solicitud.
Durante la exposición, la defensora de la niñez hizo un llamado para sistematizar el gasto que se realiza en la protección de esta población. A su juicio es totalmente necesario que “en materia de infancia empecemos a trabajar programas que estén basados en evidencia”, pues esto aseguraría su real impacto y un gasto eficiente de los recursos, asegurándose que “no se están desperdiciando”, explicó.
En la sesión, el diputado Miguel Crispi (RD), junto a la diputada Emilia Nuyado (PS), consultaron a la defensora de la niñez sobre las políticas que se pretenden implementar para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes de pueblos originarios, que se ven constantemente amenazados, tanto en sus derechos a la salud -al tener altos índices de mortalidad infantil- como a causa de los enfrentamiento que se viven en la zona sur del país.
Frente a esto, la defensora señaló que están trabajando para generar cambios. Aseguró que planteará los temas de salud al ministro de la cartera, Emilio Santelices. Además, explicó que se están realizando trabajos con las policías para incorporar la necesidad de modificar su actuar visibilizando los derechos de niños, niñas y adolescentes en los operativos que realizan.
Críticas por declaraciones sobre contingencia política
En la sesión, Patricia Muñoz también fue consultada sobre sus declaraciones en torno a quién debe proteger la vida del que está por nacer, en el marco del debate sobre la despenalización del aborto. La defensora comentó su sorpresa ante la polémica, pues es sabido que quienes son llamados a proteger este derecho son otras instituciones.
“La ley no definió para la institución el rol vinculado a la protección de la vida del que está por nacer”, argumentó la defensora. De acuerdo a su visión, “esas atribuciones que se relacionan con la madre que está en el proceso de gestación son privativas de otras instituciones”.
En particular, el diputado Diego Schalper (RN) la increpó también por sus comentarios a través de redes sociales sobre hechos de política contingente, haciendo referencia a la corta permanencia en el gabinete de Mauricio Rojas.
“Obviamente ella se mete en una dinámica de discusión que no es procedente de una persona que usa un cargo público imparcial”, argumentó el parlamentario oficialista.
El planteamiento fue criticado por el diputado Tucapel Jiménez al señalar que le llama “la atención que algunos diputados hayan enfocado su atención en un tweet, más que en las propuestas y el desafío que tiene” la defensora de la niñez.
