Comisión de Derechos Humanos aprobó en general la llamada “Ley de mortinato”

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Con la presencia de la Subsecretaria Lorena Recabarren, la Comisión de Derechos Humanos aprobó la idea de legislar relativa al proyecto que reforma la ley sobre el Registro Civil, a fin de establecer un catastro nacional de mortinatos (niños que mueren en su gestación) y facilitar su individualización y sepultación (boletín 12018).

Según estimaciones oficiales del Ministerio de Salud, cada año hay más de 2.000 familias que enfrentan la muerte de un niño en gestación y estas se ven aún más afectadas emocionalmente, ante la invisibilidad de este pequeño ser, tanto en las instancias médicas, donde es tratado como “restos biológicos”, como en su no inscripción en algún registro.

Incluso, el nombre que sus padres hayan escogido no podrá colocarse ni siquiera en la tumba, pues será reemplazado por la denominación NN.

Por ello, los diputados que integran la Comisión de DD.HH. aprobó en general la iniciativa llamada “Ley de mortinato”, dirigido a los niños que fallecen durante la gestación y sus familias.

Para el diputado Diego Schalper, el consenso es transversal. “El punto es cómo hacemos para que aquellos progenitores que han sufrido el fallecimiento de un hijo o hija puedan inscribirlo en un registro y así puedan ponerle un nombre y darle una sepultura digna”, planteó.

La presidenta de la Comisión, diputada Carmen Hertz (PC), informó que ya están votando en particular y destacó que uno de los temas más debatidos fue la designación de la persona que decide el individualizar y sepultar al feto fallecido, acordándose que esta facultad recaerá en ambos progenitores, pero si el proceso va contrala voluntad de la persona gestante, en este caso la madre, este no podrá realizarse.

La legisladora agregó que la instancia legislativa espera despachar el proyecto a la Sala de la Cámara la próxima semana.

Fundamentos del Mensaje

Cabe recordar que este proyecto de ley fue presentado por el Ejecutivo en agosto del presente año. En la ocasión, el Presidente Sebastián Piñera sostuvo que con esta iniciativa se busca “entregar un trato más humano, más civilizado, a esos niños que murieron antes de nacer”.

Según el texto legal la inscripción sería voluntaria para las familias de aquellos fetos que superaron las siete semanas de gestación. Además, el proyecto tiene efecto retroactivo, permitiendo que aquellas familias que sufrieron la pérdida antes de que la norma sea promulgada como ley, puedan beneficiarse con esta. Para ello, deberán presentar un certificado que acredite la muerte e individualizar la tumba donde se encontrasen los restos.