La resolución 350, aprobada por 111 votos a favor y 3 abstenciones, describe que, si bien la PDI descartó la participación de terceras personas en el deceso, fue el propio Director General de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, quien confirmó que Alejandro Castro había recibido amenazas de muerte en días previos, abriendo interrogantes sobre la real causa de su muerte.
El texto señala, además, que Castro se había convertido en un activo y reconocido dirigente del movimiento social en Quintero y Puchuncaví, a propósito de la grave crisis medioambiental que ha generado centenares de intoxicados durante las últimas semanas.
En ese sentido, expresa que es indispensable que se investiguen todas las circunstancias que la rodean, con el propósito de alcanzar el esclarecimiento de la verdad.
El documento fue presentado a la Sala de la Corporación por los diputados Boris Barrera (PC), Maya Fernández (PS), Diego Ibáñez (IND), Daniel Núñez (PC), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Ricardo Celis (PPD).
