Este lunes 1 de octubre, La Haya emitirá el fallo de la demanda contra nuestro país, interpuesta por el Presidente de Bolivia, Evo Morales, en 2013, cuando anunció que había presentado el recurso con el fin de establecer que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe un acceso soberano al océano Pacífico para su país.
Además, Bolivia solicita a la Corte Internacional que la justicia declare que Chile ha violado esa obligación y que nuestro país debe llevar a cabo este deber de buena fe, normal y prontamente, dentro de un tiempo razonable.
La postura de Chile frente a estos argumentos es clara: la demanda no tiene fundamentos jurídicos. No se le puede exigir a un país negociar, obligándolo a ceder territorio, si los involucrados ya fijaron sus fronteras de común acuerdo en un tratado hace más de 100 años (Tratado de Paz y Amistad de 1904). Negociar un acceso soberano al océano Pacífico alteraría inevitablemente este convenio.
En este escenario, la Corte Internacional de Justicia, en su fallo de septiembre de 2015 resolvió, ante la demanda boliviana, que Chile decidió objetar su competencia para tratar este asunto. Si bien el tribunal, en su sentencia, estableció que sí tiene atribuciones para resolver esta demanda, lo hará de manera mucho más acotada que la presentada originalmente por Bolivia. La Corte solo podrá resolver si existe o no una obligación de negociar por parte de Chile, pero sin predeterminar un resultado, es decir, no puede obligar a Chile a ceder territorio.
Pero este no ha sido el único encuentro que ha enfrentado a ambos países, pues, en 2016, el canciller de la época, Heraldo Muñoz, informaba que el gobierno de Chile decidió demandar al Estado Plurinacional de Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya para que esta declarase la condición de río internacional del Río Silala y que, como consecuencia de ello, Chile tiene derecho al uso de sus aguas bajo el derecho internacional.
La decisión, que fue adoptada, entre otras razones, por el anuncio público del Presidente Evo Morales de que Bolivia presentaría una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia por esta disputa, acusando a nuestro país de actuar ilícitamente y de estar “robando” las aguas del Silala.
Por otro lado, no debemos olvidar que en 2008 el gobierno del Perú, bajo la administración de Alan García, presentó una demanda ante La Haya, para solucionar lo que calificaban como controversia histórica sobre sus límites marítimos con Chile.
Frente a esta demanda específica, el tribunal internacional resolvió en 2014 modificar la frontera marítima entre Chile y Perú en una sentencia inapelable y que, de acuerdo a las impresiones de los informes de prensa de la época, fue recibida por ambas naciones como una especie de salida intermedia en la que Perú obtenía menos de lo que quería y nuestro país no perdía tanto como podía.
