Arriendos a mitad del precio de mercado, préstamos rápidos de dinero desde 500 mil pesos y opción de conseguir créditos hipotecarios hasta por 5 mil UF son algunos de los beneficios que obtienen las y los carabineros y oficiales de la PDI, gracias a la mutualidad de la que son parte y que tiene casi un siglo de existencia.
Así lo informó el general director de Carabineros, Hermes Soto, junto a representantes de la plana mayor de la institución ante la Comisión que investiga las irregularidades denunciadas en estas entidades privadas sin fines de lucro, pero que en este caso eran dirigidas por funcionarios activos y por la que recibían remuneraciones.
Para el presidente de la instancia, el diputado Leonardo Soto (PS), “esta es una situación anómala, que no tiene que ver con la misión institucional de Carabineros, que es darle seguridad y tranquilidad a la gente. Carabineros está para perseguir el delito, no para administrar estas verdaderas megaempresas” que, a su juicio, han servido para generar desprestigio de la institución por las irregularidades señaladas por la Contraloría General de la República en la administración de estos bienes, en la condonación de créditos o por los negocios con personas relacionadas.
El general director sostuvo que, desde que asumió su cargo, ha hecho un esfuerzo por transparentar el funcionamiento de esta entidad y del Departamento de Bienestar, que también fue cuestionado. De hecho, dijo que cambiaron a la empresa que por cerca de dos décadas estuvo a cargo de realizar las auditorías.
Además, aseguró en la sesión que, desde el mes de marzo, “ninguno de los directores de la Mutualidad han recibido ningún dinero producto de esta materia”. En la sesión de esta instancia de fiscalización también expresó además que su intención es mejorar los beneficios que la Mutucar entrega y que son justamente los que le hacen pensar que su desaparición es muy improbable.
“La mutualidad tiene 100 mil asegurados, por lo tanto no es de un día para otro disolverla” puntualizó. Sin embargo reconoce la necesidad de continuar mejorando su funcionamiento y a futuro determinar si sigue en esta misma modalidad o se modifica.
Esta postura es compartida por el diputado oficialista Hugo Rey (RN), quien considera que las entidades privadas no estarían en condiciones de asumir el rol de asegurar a las y los funcionarios de Carabineros y la PDI. Además, señaló que los costos de hacer este traspaso serían incluso más altos.
Parlamentarios de la instancia reconocieron que existe un antes y un después de la llegada del general Soto a la cabeza de la institución y valoraron su esfuerzo de transparencia y probidad.
Sin embargo, el diputado René Alinco (IND) pretende abrir una nueva arista de investigación que apunta a los vínculos de las esposas de algunos generales a instituciones ligadas al bienestar de las y los funcionarios. También señaló las posibles conexiones de la Mutualidad con empresas eléctricas.
Debido a la gran cantidad de antecedentes entregados y las inquietudes planteadas por las y los diputados, la instancia evalúa generar una nueva comisión donde los mismos invitados ayuden a despejar inquietudes.
