Modernizar el sistema notarial y registral chileno, incorporando la utilización de nuevas tecnologías que permitan realizar trámites y consultar información de manera remota, llevar los registros digitalmente y remitir instrumentos e información a otros sistemas o plataformas son algunos de los objetivos centrales del proyecto del Ejecutivo (boletín 12092) ingresado ayer a trámite a la Cámara de Diputados.
La iniciativa, que reúne en un solo cuerpo aspectos de otros proyectos de ley que ya habían iniciado su tramitación en 2012 y 2013, propone un nuevo sistema de nombramiento, que reduce las barreras de entrada y disminuye la discrecionalidad en el nombramiento.
En este punto se plantea proveer los cargos vacantes mediante un concurso que deberá llamar la Corte de Apelaciones respectiva y cuyas bases deben asegurar la objetividad, igualdad de oportunidades, publicidad y transparencia del proceso. Solo podrán integrar la terna aquellos postulantes que hayan obtenido los diez primeros puntajes del concurso.
Para poder postular será necesario haber aprobado un examen de conocimientos jurídicos, de administración y destrezas jurídicas dentro de los tres años anteriores a la postulación.
El proyecto define que el acuerdo de la Corte de Apelaciones para la confección de la terna y la resolución que resuelve el nombramiento, deberán ser siempre fundados. Además considera la creación de un Consejo Resolutivo de Nombramiento de Notarios, Conservadores y Archiveros, el que estará conformado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien lo presidirá; por un decano de una Facultad de Derecho, elegido por el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, y un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, elegido por este.
Asimismo, se eliminan las categorías dentro del Escalafón Secundario y la figura de permutas y traslados; se limita el ejercicio de la función hasta los 75 años o al cumplir 21 años en el mismo cargo (lo que ocurra primero); y se define que los notarios suplentes serán designados cada dos años por la Corte de Apelaciones, en base a una nómina de tres abogados que deberá presentar el notario.
Fiscalización y competencia
La fiscalización del sistema se adjudicará a la Fiscalía Judicial, institucionalidad ya existente en el Poder Judicial y que dentro de sus funciones se encuentra la de vigilar la conducta funcionaria de ministros, tribunales y empleados del orden judicial.
También se establecen nuevos mecanismos que contribuyen al adecuado cumplimiento de la labor y se promueve la participación de los usuarios en la fiscalización. En este ámbito se incluyen auditorías externas obligatorias; un proceso disciplinario en caso de constatar infracciones a las obligaciones funcionarias; y obligaciones de transparencia para el Fiscal Judicial de la Corte Suprema y Fiscales Judiciales de Cortes de Apelaciones.
A fin de aumentar la oferta de servicios notariales y facilitar el acceso a ellos, el proyecto propone la creación de fedatarios, esto es, un ministro de fe, con competencia a nivel nacional y con presencia en cada una de las comunas de país, facultado para realizar aquellas funciones notariales relativas a la certificación de hechos, autorización de firmas y actuaciones respecto de las cuales no exista obligación de registro.
Asimismo, para asegurar una oferta suficiente y que existirá una notaría donde efectivamente se necesite, para la creación de nuevos oficios el proyecto establece criterios objetivos que dicen relación con el número de habitantes, la actividad económica territorial, la desconcentración urbana, la ruralidad de la comuna y para mejorar el servicio en un determinado territorio. Además, se suma al informe de la respectiva Corte de Apelaciones uno de la Fiscalía Nacional Económica.
La iniciativa, a seguir, dispone que el arancel se establezca mediante un rango de precios y obliga a los notarios a publicarlo en sus páginas web y a informar trimestralmente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los aranceles de las diversas actuaciones que realicen, información que será publicada, además, en la página web de la cartera.
Modernización
El proyecto promueve la obligación de contar con sistemas tecnológicos y medios telemáticos que permitan realizar trámites y consultar información de forma remota, suscribir instrumentos mediante firma electrónica y su interconectividad con otros sistemas y plataformas.
Asimismo, dispone que se incorporen deberes de remisión y almacenamiento de los instrumentos que se otorguen en un repositorio digital, al archivo digital de poderes o registro nacional de interdicciones, según corresponda.
Luego, establece el deber de llevar el registro y la historia de los bienes raíces mediante un folio real, lo cual debiese reducir los costos asociados a la inscripción de los títulos en el conservador de bienes raíces y disminuir en general los tiempos asociados a todo el proceso.
Por último, entre otros puntos, se busca disminuir los trámites que se realizan ante o por un notario. Para esto se plantean tres mecanismos: mejorar el acceso, a través de la creación de los fedatarios ya mencionados; modificar exigencias legales de trámites notariales; y la certificación de hechos que pueda realizar el Servicio del Registro Civil e Identificación.
