En junio, los estudiantes del Liceo Polivalente Mariano Latorre, de la provincia de Arauco, iniciaron una paralización por falta de calefacción en las salas de clases. Un problema que señalaron no es ajeno al sistema de aprendizaje y que fue dado a conocer ante la Comisión de Educación por representantes del centro educacional, invitados por el diputado Manuel Monsalve (PS).
De acuerdo a lo expuesto por el concejal Juan Fernández, se trata de una situación compleja, pues si bien la envergadura y calidad del edificio representan muchas cosas positivas para la comuna, las condiciones económicas del municipio no han permitido, probablemente, un uso y mantención adecuada del recinto.
Explicó que la comuna cuenta con 18 establecimientos educacionales de los cuales solo dos (Escuela Ramiro Roa y Liceo Mariano Latorre) cuentan con cobertura municipal en términos de calefacción. Reconoció que los 16 restantes no cuentan con este apoyo para cubrir este aspecto.
El concejal informó que la normativa vigente sobre materias de climatización precisa que los espacios utilizados por estudiantes, salvo baños y patios, deben contar con 15 grados, en el caso de educación parvularia y hogares estudiantiles, y 12 grados celsius, como temperatura adecuada para las aulas de básica y media.
“De no lograrse estas temperaturas, el decreto señala que deberá lograrse mediante estrategias pasivas, de lo contrario, con sistemas de calefacción que posean ductos de evacuación de gases al exterior y protecciones para evitar quemaduras”, agregó.
Para el diputado Manuel Monsalve, “hay una percepción común en relación a que estamos frente a un problema que no es de una escuela, sino un problema de los establecimientos públicos de Chile, que se ha traducido en movilizaciones en distintas partes, acuñándose el termino escuelas iglú por el hecho de que hay escuelas donde hace tanto frio que no es posible desarrollar de manera normal las clases en las aulas”.
El diputado Luis Pardo (RN) estimó necesario revisar la extrema rigidez con la que se autorizan los usos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), de manera de que se pueda abrir, bajo ciertas condiciones, la posibilidad de que esos recursos se usen para este tipo de inversiones, sin perjuicio de otras políticas públicas de cierre de brechas, que hoy pueden ser más difíciles producto de la restricción presupuestaria.
Finalmente, la instancia legislativa solicitó una serie de oficios al Ministerio de Educación y otras carteras con el fin de conocer cuántos son los recursos disponibles para enfrentar este tipo de casos que además se dan a lo largo del país.
