La dura realidad que enfrenta la comunidad inmigrante haitiana en la región de Coquimbo fue la temática que concitó el debate de la Comisión de Gobierno Interior de este martes 21 de agosto, ello en el contexto del estudio y votación que realiza el grupo parlamentario respecto del proyecto de Ley de Migración y Extranjería (boletín 8970).
La audiencia, promovida por el diputado Pedro Velásquez (IND), contó con la participación de William Pierre, vocero de la comunidad haitiana en Chile, quien señaló que Extranjería insiste en regularizar los papeles para obtener las visas, sin ver la realidad que se vive en Haití para obtener los antecedentes.
“Se dice, podrá subirlo en el sistema para que tenga su visa de inmediato. ¡Pero vaya a ver cómo está Haití! Allá todavía todo es manual; hay que viajar de ciudad en ciudad para rescatar la información, para hacerla derivar. Es un problema grande, por lo que vinimos a pedir al Gobierno y a los diputados conciencia y humanidad para la comunidad”, enfatizó.
Denis Exóde Borgella, representante regional, y Romeo Gabaud, presidente de la comunidad haitiana de Tierras Blancas de Coquimbo, explicaron que los principales problemas se relacionan al abuso laboral.
“Especialmente en el tema del idioma, esa es la barrera nuestra, que nos tiene muy abusados. Respecto al trabajo, las empresas grandes y medianas no contratan haitianos; eso se hace a través de contratistas”, planteó Exóde Borgella, insistiendo luego que tanto los contratistas como las empresas vulneran sus derechos, como por ejemplo, en lo relativo al pago de las imposiciones.
Romeo Gabaud coincidió en criticar que la desprotección laboral pasa por el no pago de sus cotizaciones, pero agregó que también se constatan otros abusos, como el despido de mujeres embarazadas, sin derecho al pre y post natal. Además, acusó que se lleva a haitianos a las cosechas en transportes que exceden con crecer su capacidad (90 personas en vehículos con capacidad para 41).
El alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, explicó que son cerca de 3 mil 500 inmigrantes de Haití que habitan en sectores vulnerables de la comuna, como Tierras Blancas, y que trabajan en un plan para que las y los haitianos aprendan español. Asimismo, dijo que han capacitado a personal de salud y que buscan que los inmigrantes reciban servicios básicos, por lo que piden apoyo del Gobierno sobre la materia.
“Ahora viene un proceso que es la ‘chilenización’ del inmigrante y nosotros esperamos estar a la altura de poder dar no solo la justicia social que ellos merecen, sino que también dar los requerimientos básicos que son para vivir y subsistir. Y no queremos ver -nunca más- a un inmigrante durmiendo afuera de una gobernación o de cualquier lugar porque no tiene donde quedarse. Esas son condiciones infrahumanas, por lo que estamos trabajando como municipalidad para crear diferentes oficinas”, remarcó.
Dirección del Trabajo
En tanto, la Dirección del Trabajo informó que las denuncias recibidas de trabajadores haitianos bordean las dos mil, solo en lo que va del 2018, principalmente por exceso de jornada de trabajo, no pago de remuneraciones y escasas condiciones de seguridad.
Jorge Arriagada, jefe del Departamento de Inspección del organismo, llamó a denunciar abusos y acercarse a la Dirección, la cual aseguró no hace distingos entre trabajadores migrantes legales o ilegales.
“Si no tienen contrato de trabajo y aunque no tengan autorización para prestar servicios, nosotros exigimos la escrituración del contrato de trabajo; la entrega del comprobante de remuneraciones; la generación del registro de asistencia; y los pagos previsionales”, informó, asegurando luego que las empresas tienen dos días para entregar la información, sino, se le cursan las multas correspondientes.
Los parlamentarios de la zona llamaron a dar una solución momentánea , como la entrega de un rut provisorio, mientras se tramita la nueva ley de extranjería.
“Que puedan tener un rut provisorio que les permita no estar desprotegidos frente a los empleadores agrícolas y contratistas del área urbana, que los toman y usufructan de ellos; no les pagan el sueldo que corresponde, abusan”, recalcó Pedro Velásquez.
En tanto, el diputado Matías Walker (DC) manifestó su preocupación por la denuncia de casos de trata de personas que se estarían produciendo en distintos predios agrícolas de Coquimbo, en donde estima debería intervenir el Ministerio Público.
“De manera tal de poder hacer denuncias de todos los casos de trata de personas que estamos viendo, de abuso, sobretodo de temporeros en Coquimbo, en Monte Patria o Vicuña. Y también que la Dirección del Trabajo pueda tener un rol mucho más activo en la fiscalización de los contratistas que enganchan trabajadores. Muchas veces, ellos tratan de hacer los trámites, de regularizarse, de tener su cédula de identidad, pero demoran entre 8 y 10 meses”, manifestó.
