Por 85 votos a favor, 50 en contra y 11 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la resolución 113, que solicita al presidente del Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie sobre los motivos y razones en la demora de la vista de las distintas acciones de inaplicabilidad que han sido presentadas por personas procesadas y condenadas en casos de violaciones a los DDHH, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
El documento recuerda que en 2005 se modificó la Constitución Política para permitir que, a través de las citadas acciones, se pueda declarar la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal resulte contradictoria con la Carta Fundamental.
Esta acción ha sido utilizada ante el Tribunal Constitucional para paralizar y dilatar, acaso deliberadamente, la tramitación de procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar, plantea la iniciativa.
El argumento esgrimido ha sido el supuesto atropello del derecho al debido proceso y de garantías judiciales, lo que ha llevado a que del total de 12 causas actualmente paralizadas en su tramitación en el TC, cinco de ellas – que comprenden la investigación de 12 víctimas hechas desaparecer y/o asesinadas en Chillán- estén suspendidas por más de 10 meses.
La resolución fue presentada por los diputados PS Jaime Tohá, Juan Santana, Leonardo Soto, Manuel Monsalve y Raúl Saldívar; del PPD Cristina Girardi; y la independiente Camila Rojas.
