Con la exposición de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, concluyó la ronda de audiencias de la Comisión Investigadora que analiza la reducción artificial de las listas de espera en el sistema público de salud.
La titular del organismo dio cuenta ante los legisladores, de las acciones que el CDE ha emprendido para cautelar el buen uso de los recursos públicos y de las indagatorias que se están llevando a cabo para esclarecer la eventual existencia de delitos.
En esa línea, el diputado Juan Luis Castro (PS) sostuvo que existen presunciones suficientes como para acreditar el desvío de recursos, puesto que “se desembolsaron más de dos mil millones de pesos, habiendo una cantidad significativa de pacientes que nunca fueron atendidos de verdad o fueron atendidos en tiempos mínimos de cuatro minutos o por médicos que nunca fueron especialistas”.
Castro calificó los hechos como “una cosa inédita que da para la sospecha de fraude al fisco y negociación incompatible, que son las figuras delictivas que están detrás de las causas en la que está el Consejo de Defensa del Estado”.
En tanto, el diputado Miguel Crispi (RD) sostuvo que, a la luz de los antecedentes que se han recabado hasta la fecha, parece difícil el poder establecer responsabilidades políticas, debido al nivel de desorden que presenta el sistema en general en esta materia.
“El nivel de desorden que hay es el mejor amigo de la impunidad; cuando hay tanto desorden administrativo con miles de fichas clínicas es muy difícil identificar quien tomó decisiones de, por ejemplo, cambiar protocolos en el hospital de Rancagua para retirar casos de listas de espera. Yo creo que va a ser muy difícil identificar quiénes son los responsables políticos, pero sí la Comisión, sin lugar a dudas, nos va a dejar grandes lecciones sobre qué tipo de políticas debiéramos tener hacia el futuro para que estas cosas nunca más se repitan”, precisó el legislador.
Las próximas dos sesiones de la Comisión serán para redactar las conclusiones y someterlas a votación de los integrantes de la instancia, lo cual se concretaría la primera semana de agosto.
Cabe recordar que la instancia, que viene a complementar el trabajo realizado por una Comisión previa, pretende recabar antecedentes sobre las actuaciones de los funcionarios públicos adscritos a los establecimientos de salud correspondientes a diversos Servicios de Salud, con el objeto de determinar eventuales irregularidades en la reducción artificial de las listas de espera mediante la eliminación de pacientes desde el Repositorio Nacional de Lista de Espera.
