Tristeza, rabia, indignación, esperanza de un futuro mejor. Esos fueron parte de los múltiples sentimientos expresados en el intenso y sentido debate de la sesión especial de la Cámara de Diputados abocada a analizar la compleja realidad de violencia que afecta a las mujeres en nuestro país.
En representación de las/os solicitantes de la sesión especial, abrió el debate la diputada Loreto Carvajal (PPD) quien dijo permitirse hablar “por 18 mujeres que no están acá ni nos van a escuchar porque fueron asesinadas este año”.
La legisladora sostuvo que la definición de femicidio hoy queda corta, porque la mujer no solo tiene posibilidades de ser asesinada dentro de su hogar, sino que en cualquier lugar, “por el solo hecho de ser mujer”. Estimó que la muerte de 18 mujeres no solo habla de un número, sino que de un fenómeno social que no se ha sabido abordar y del cual “no nos hemos hecho cargo”.
“Estas cifras revelan que tenemos un alto grado de tolerancia hacia la violencia a la mujer en cualquiera de sus formas; una violencia que no solo llega al asesinato, sino que se refleja en la desigualdad que a diario viven miles de mujeres en distintas situaciones (…).Necesitamos suma urgencia para la ley que define y declara a la mujer libre de violencia; también modificar la ley que define al femicidio y lo extiende. Presidio perpetuo para quienes han cometido femicidios”, sentenció.
El interés y la preocupación por el tema fue manifestado a través de las intervenciones de un amplio número de legisladoras y legisladores. Cada uno trajo a la Sala la triste memoria de casos ocurridos en nuestro país, al tiempo que remarcaron la necesidad de realizar cambios profundos en nuestra sociedad, que frenen esta violencia y terminen con la discriminación hacia la mujer.
En la oportunidad, además de Loreto Carvajal, intervinieron las diputadas Camila Flores (RN), Sandra Amar (UDI), Emilia Nuyado (PS), Joanna Pérez (DC), Marisela Santíbañez (PRO), Maite Orsini (RD), Claudia Mix (Poder), Marcela Hernando (PRSD), Camila Vallejo (PC), Sofía Cid (RN), Andrea Parra (PPD), Catalina Del Real (RN), María José Hoffmann (UDI), Daniella Cicardini (PS), Aracely Leuquén (RN), Karin Luck (RN), Gael Yeomans (IND), Carolina Marzán (PPD), Camila Rojas (IND), Paulina Núñez (RN), Virginia Troncoso (UDI), Erika Olivera (IND), Ximena Ossandón (RN), Karol Cariola (PC) y Cristina Girardi (PPD).
Además, expresaron su opinión los diputados Gustavo Sanhueza (UDI), Esteban Velásquez (FRVS), Gabriel Silber (DC), Javier Hernández (UDI) y Francisco Eguiguren (RN).
Resoluciones
Al término de la sesión, la Sala aprobó, en forma unánime, cinco resoluciones. La primera llama al Ejecutivo a dar urgencia a las mociones que sancionan el acoso sexual en escenarios educativos; que tipifican el delito de acoso u hostigamiento por medios informáticos; sobre acoso sexual en los ámbitos educacional y laboral; sobre acoso sexual en el ámbito académico y que tipifican el acoso sexual callejero.
La segunda resolución solicita al Presidente de la República establecer políticas de prevención de la violencia contra la mujer desde la educación temprana en la primera infancia; reforzar las campañas comunicacionales para acelerar el cambio cultural y el consenso social respecto de la tolerancia cero a la violencia contra la mujer; mejorar la gestión de las instituciones competentes para la prevención y protección de las víctimas y para la persecución y sanción de los agresores; crear un registro único y un sistema de medición continua de mujeres víctimas de violencia; y acompañar a la mujer para el inicio de una nueva vida libre de violencia con políticas concretas que permitan su autonomía económica, entre otros puntos.
La siguiente resolución pide al jefe de Estado dar continuidad a la línea de prevención de los centros de la mujer en todo Chile durante 2018 y su incorporación como programa permanente en la ley de presupuestos.
La cuarta resolución solicita al Presidente Piñera y a los titulares de siete carteras crear un programa integral para la alerta temprana y prevención de la violencia contra las mujeres.
Finalmente, la quinta resolución requiere al Mandatario restablecer la suma urgencia al proyecto de la administración anterior que consagra el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia y tramitar con urgencia los proyectos que inhabilitan a los condenados por faltas o delitos de violencia intrafamiliar para ejercer cargos públicos y sobre la ley Gabriela, que extiende la definición de femicidio. Además, pide definir protocolos de denuncia ante el ministerio Público, policías y tribunales de familia, que ofrezcan a las víctimas métodos simples y efectivos de denuncias que protejan su integridad y dignidad con un eficaz marco de protección y ayuda. Asimismo, pide la creación de programas de educación que promuevan principios de igualdad de género, no discriminación y prevención.
Ejecutivo
El encuentro, desarrollado entre las 16:30 y las 18:40 horas, contó con la especial asistencia de los Ministros del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick; de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá; y Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. Además, participó la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.
La Ministra Plá agradeció la convocatoria y la importancia dada por la Cámara de Diputados al tema. Repasó algunas de las tristes cifras de femicidios, actuales e históricas, y remarcó que el Gobierno desarrolla una política de “tolerancia cero a la violencia e impunidad cero para los agresores”.
Llamó la atención de la baja cantidad de denuncias realizadas por las mujeres agredidas e indicó que este es uno de los nudos que el Ejecutivo debe enfrentar. Además, especificó parte de la agenda legislativa, que incluye la propuesta que consagra el derecho de una vida libre de violencia; el monitoreo telemático; y de violencia en el pololeo.
El Ministro Chadwick también felicitó la celebración de esta jornada y sostuvo que es una señal potente para la ciudadanía respecto del interés que tienen las autoridades del tema. Indicó, además, que es importante generar las confianzas necesarias para que las mujeres denuncien los hechos de violencia, para lo cual anunció diversas medidas, entre ellas, la ya citada agenda mujer, que incluye la reforma constitucional que consagra la igualdad de derechos entre los géneros y garantiza la debida lucha contra la violencia contra la mujer.
Asimismo, informó que se dieron un plazo de 60 días para presentar e implementar medidas que hagan más eficiente el esfuerzo estatal en pro de dar protección a la mujer agredida, que van desde modernizar las medidas cautelares y mejorar la eficiencia policial hasta la creación de un registro único de víctimas.
